En una reunión reciente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, se abordaron preocupaciones críticas sobre la implementación del sistema R, el registro electoral electrónico, que busca facilitar la inscripción y las transacciones electorales. Este sistema, que debía estar operativo desde julio de 2022, comenzó a funcionar solo a finales del año pasado, generando frustración entre los representantes y los electores.
Los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) expresaron su inquietud sobre las fallas del sistema, que aún se encuentra en fase piloto. A pesar de su potencial para simplificar el proceso electoral, el sistema ha presentado problemas significativos, como la normalización de direcciones, lo que ha llevado a que miles de transacciones no se procesen correctamente. Esto ha resultado en un retraso considerable, con casi 3,000 casos pendientes de resolución desde la apertura del registro electoral el 30 de abril de 2024.
Además, se discutió la vulnerabilidad del sistema ante intentos de fraude, citando el caso del exgobernador Ricardo Roselló, quien, a pesar de residir en Virginia, intentó realizar transacciones electorales en Puerto Rico. Este incidente ha reforzado las preocupaciones sobre la seguridad del sistema y su capacidad para prevenir irregularidades.
Otro tema destacado fue la implementación de la Ley 58 de 2020, que busca reducir las juntas de inscripción permanente y trasladarlas a centros de servicio integrados. Sin embargo, la falta de preparación y la escasez de centros han creado caos, especialmente para los electores de la tercera edad, quienes enfrentan dificultades para realizar transacciones. Aunque se han acordado aperturas en varios municipios, muchos aún se sienten excluidos del proceso electoral.
La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ha sido criticada por no autorizar la apertura de juntas de inscripción permanentes, a pesar de las solicitudes de los representantes. La situación actual plantea serias dudas sobre la confiabilidad del sistema y su capacidad para manejar el volumen de transacciones necesarias para las próximas elecciones de 2024.
A medida que se acerca la fecha electoral, la presión aumenta para que se resuelvan estos problemas y se garantice que todos los electores tengan acceso a los servicios necesarios para participar en el proceso democrático. La reunión dejó claro que, aunque se han hecho avances, aún queda un largo camino por recorrer para asegurar un sistema electoral eficiente y accesible para todos.