Cámara inicia vista sobre viabilidad de reactores nucleares modulares en Puerto Rico

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes celebró el miércoles 8 de octubre en San Juan una vista pública para atender la resolución RC 400, que ordena investigar la “viabilidad, conveniencia y necesidad” de establecer plantas nucleares en Puerto Rico, incluidos reactores modulares pequeños (SMR) y microrreactores.

La audiencia reunió a representantes de la organización Nuclear Alternative Project (NAP), a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a LUMA Energy, además de legisladores y actores de la sociedad civil. El autor de la resolución, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo que la pesquisa responde a la “necesidad de transformar el sistema eléctrico” tras la devastación por el huracán María y a la búsqueda de opciones para estabilizar precios y mejorar resiliencia.

Nuclear Alternative Project —representada por el ingeniero Jesús Núñez y por Carmen Irene Vigles— presentó datos técnicos y económicos a favor de considerar SMR y microrreactores en la isla. Núñez describió a NAP como “una organización sin fines de lucro” fundada por ingenieros puertorriqueños con experiencia en la industria nuclear y pidió que la resolución permita evaluar si las nuevas tecnologías son apropiadas para Puerto Rico. En su ponencia, NAP sostuvo que los reactores modulares tienen huellas de terreno menores (cientos en lugar de miles de cuerdas), requieren menos agua en algunos diseños, integran sistemas de seguridad pasivos y pueden diseñarse para reducir la zona de planificación de emergencia al perímetro de la planta en determinados casos, según normas ya tramitadas ante la Nuclear Regulatory Commission (NRC).

Los ponentes de NAP aportaron cifras y rangos citados como referencia en su estudio: plazos de construcción estimados en 3 a 5 años para SMR frente a 6 a 10 años para reactores convencionales; ciclos de recarga de combustible del orden de 24 meses para algunos SMR (18 meses en reactores tradicionales) y estimaciones de costo nivelado de la electricidad (LCOE) con rangos amplios según tamaño y tasa de utilización (por ejemplo, valores citados en la ponencia entre unos 80 y 210 dólares por MWh en ciertos escenarios y otros estudios con rangos distintos). NAP también presentó estimaciones de impacto económico: creación de miles de empleos durante la construcción y centenares de puestos permanentes en operación, más incremento de recaudación fiscal tanto durante la obra como en operación, según los estudios que entregaron.

En cuanto a residuos y combustible, NAP explicó el flujo habitual: combustible usado inicialmente almacenado en piscinas de enfriamiento en la propia instalación y, después de años conforme a regulaciones federales, traslado a contenedores de almacenamiento seco (dry cask). Los ponentes señalaron que Estados Unidos aún no ha establecido un repositorio geológico permanente y que el manejo a largo plazo sigue bajo debate nacional; también advirtieron sobre riesgos de suministro para combustibles especiales (por ejemplo, combustibles de enriquecimiento mayor requerido por ciertos diseños) y recomendaron precaución al escoger tecnología.

Fernando Osorio Cañón, en representación de la directora de la AEE, Maricarmen Zapata Acosta, planteó la situación operativa actual: alta dependencia de combustibles fósiles importados y limitaciones de la red insular que hacen necesaria la diversificación. Osorio señaló que la AEE no apoya plantas nucleares convencionales grandes por riesgos operativos derivados de fallos y de disponibilidad, pero reconoció que los SMR ofrecen ventajas de tamaño y versatilidad que podrían encajar con ciertas necesidades del sistema. La AEE pidió que los estudios de viabilidad detallen la interconexión, la capacidad de las líneas existentes y las inversiones de transmisión necesarias.

LUMA Energy —en su exposición técnica— afirmó que, con las condiciones y políticas vigentes, “el alto costo y la falta de disponibilidad comercial” de la tecnología nuclear modular no la hacen hoy la opción más costo‑efectiva para Puerto Rico. LUMA puntualizó que el plan integrado de recursos (PIR) en elaboración contempla múltiples escenarios y que las conclusiones finales sobre la inclusión de nuclear se entregarán al Negociado de Energía en las próximas semanas, cuando finalicen los modelajes y las revisiones requeridas por la ley de planificación.

Varios legisladores y asistentes plantearon preguntas sobre seguridad (efectos de huracanes, terremotos y tsunamis), huella territorial en una isla densamente poblada, consumo de agua, tiempos y costos reales para el consumidor y dónde quedarían almacenados los residuos de alta radiactividad. Los ponentes reconocieron límites en evidencia práctica local: si bien existen diseños ya licenciados y proyectos en construcción o licencia en distintos países, en Estados Unidos varias iniciativas aún están en fase de licencia y el primer despliegue comercial extendido depende de condiciones de mercado y cadenas de suministro.

No hubo votación ni decisión formal en la sesión. Quedaron instrucciones y compromisos para el expediente: NAP ofreció facilitar documentación pública y regulatoria citada en su ponencia y dijo que pondrá sus estudios a disposición de la comisión; un legislador solicitó por escrito copias de regulaciones y estudios en los próximos días. LUMA se comprometió a remitir el reporte final del PIR al Negociado de Energía y a la comisión en el plazo anunciado. La AEE confirmó que remitirá su ponencia y dará seguimiento a solicitudes de información técnica.

La discusión continuará en la comisión: el autor de la resolución y varios miembros señalaron la intención de citar a universidades, reguladores y empresas con propuestas concretas para que el estudio cubra análisis de sitio, impacto ambiental, costos finales para consumidores y opciones de financiamiento antes de cualquier decisión de política pública.