La Comisión de Agricultura continuó el 20 de octubre con la discusión del Proyecto de la Cámara 686, que propone enmendar la Ley Núm. 12, del 12 de diciembre de 1966 (Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico), para autorizar a la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) a establecer un mecanismo de compensación extraordinaria para agricultores afectados por pérdidas significativas no cubiertas por pólizas vigentes.

El Departamento de Agricultura y la dirección de la CSA coincidieron en la intención legislativa de respaldar a agricultores tras eventos catastróficos, pero subrayaron que la medida, tal como está redactada, carece de precisión fiscal y de coordinación con los programas federales discrecionales. El director ejecutivo de la CSA explicó que la corporación tiene una reserva aproximada de entre 17 y 18 millones de dólares y que los ingresos anuales por primas rondan los 5 millones de dólares en efectivo; también puso como ejemplo que un plan parecido para la tormenta Ernesto resultó en gastos por alrededor de 15 millones de dólares.

La CSA advirtió que introducir un fondo de pago recurrente o sin fuente de financiamiento constante podría poner en riesgo la solvencia y la capacidad de pagar reclamaciones ordinarias; además, señaló que algunos programas federales (Federal Crop Insurance Corporation, Farm Service Agency y el NAP —Noninsured Crop Disaster Assistance Program—) tienen reglas para evitar la doble compensación y condiciones que los beneficiarios deben cumplir (por ejemplo, la exigencia de compra de seguro por un periodo posterior a recibir asistencia).

Los representantes solicitaron a la CSA y al Departamento un listado detallado de las ayudas y programas disponibles actualmente (federales y locales) para definir las lagunas que el proyecto debería cubrir; la comisión autorizó que ese listado sea entregado en un plazo de 10 días y que la corporación remita, en 10 días hábiles, un borrador sugerido de redacción para subsanar deficiencias señaladas.

Los funcionarios también indicaron que, en caso de activarse asignaciones especiales del Congreso (por ejemplo, fondos aprobados tras huracanes), existen requisitos y condicionamientos, incluida la posible obligación del agricultor de contratar seguro por un periodo mínimo (dos años) para recibir ciertas ayudas federales subsecuentes.

La comisión acordó seguir analizando la medida a partir de la documentación solicitada; no se registró votación definitiva sobre el PLAC 686 en la sesión.