La Cámara de Representantes aprobó el lunes 23 de junio el Proyecto de la Cámara 269, que crea un régimen de concesiones para las casetas, muelles y estructuras ubicadas sobre el agua y en terrenos de dominio público en La Parguera, municipio de Lajas. La medida fue aprobada en la votación final con 36 votos a favor y 15 en contra.

Los defensores del proyecto dijeron que la ley busca “poner orden” en una zona que, según la exposición de motivos y la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, ha operado durante décadas sin un marco regulatorio claro. “Para obtener esta concesión, el propietario de cada estructura deberá cumplir con una serie de requisitos…”, explicó la representante Irene González Aguayo, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, quien presentó la medida ante el pleno.

La discusión alzó el tono cuando representantes de la minoría y del partido independentista manifestaron que la pieza legal equivale a legalizar ocupaciones irregulares del dominio público y denunciaron un posible conflicto de interés. “Esto pretende disfrazar como zona de planificación especial lo que en efecto es una legitimación retroactiva de una ocupación ilegal del dominio público”, dijo en el hemiciclo la representante (delegación independentista). Otro orador, identificado en el expediente como compañero Feliciano, anunció: “Estaré votándole en contra.”

El texto aprobado (según enmiendas leídas en sala) contiene, entre otras disposiciones que los ponentes explicaron en la sesión:

- Establecimiento de un canon por el uso de la superficie y un mecanismo de concesión para estructuras existentes sobre agua o terrenos de dominio público;
- Plazo de concesión de 20 años con posibilidad de renovación (el proyecto menciona la duración y la posibilidad de prórroga en los términos insertados en el texto);
- Requisito de que los propietarios presenten, ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en un término de 60 días tras la aprobación, una certificación jurada emitida por ingeniero o agrimensor licenciado que precise la huella y el diagrama actualizado de la superficie ocupada;
- Prohibición de reconstruir una estructura que haya sido destruida total o parcialmente en más de 50% de su valor o área; y
- Destino de por lo menos el 50% de los fondos recaudados por el canon a programas de protección y manejo de la reserva natural de La Parguera, según informó la autora.

Durante el debate se plantearon además preguntas sobre la jurisdicción federal y el papel del United States Army Corps of Engineers en la zona, y los opositores reclamaron que ese cuerpo federal y otras agencias fueran citadas en las vistas de comisión. La presidenta de la Comisión respondió que la comisión celebró vistas públicas y que se enviaron ponencias a los interesados.

Críticas políticas marcaron la sesión: varios representantes señalaron que el proyecto es iniciativa de la administración (“proyecto de administración”) y sostuvieron que la disposición favorece intereses particulares vinculados a familiares de la gobernadora, una alegación que la mayoría negó en la discusión y que algunos diputados calificaron como un ataque político. La presidenta de la Comisión defendió la tramitación y la participación recibida en vistas públicas.

En la votación electrónica final, incluida en el escrutinio general de la sesión, el proyecto obtuvo 36 votos a favor y 15 en contra. El resultado aparece en el acta de votación del 23 de junio de 2025.

La aprobación convierte en ley las reglas básicas sobre concesiones y uso de superficie en La Parguera tal como fue enmendado en sala; el texto aprobado exige trámites administrativos y certificaciones al DRNA antes de la entrada en vigor de las concesiones para estructuras registradas.

La iniciativa retomó en varios pasajes antecedentes de 2016 —los oradores mencionaron un proyecto similar vetado en esa legislatura— y la sesión incluyó referencias a una orden administrativa del DRNA que motivó la discusión pública previa a la radicación de la medida. No se anunciaron plazos de implementación más allá de los términos ya señalados en el texto aprobado. La votación final de la jornada fue registrada en la sesión como parte del calendario de votación final.