Comisión de la Cámara escucha posiciones encontradas sobre Proyecto 193 para dar más potestades al DACO sobre ventas de paneles solares

La Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes realizó una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 193 que propone enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para otorgarle jurisdicción expresa sobre la venta y adquisición de sistemas de generación distribuida, con o sin almacenamiento.

La discusión reunió a la representante y presidente de la comisión, Edgar Robles Rivera; a la licenciada Yasiris Torres Rivera, en representación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); al comisionado asociado Antonio Torres Miranda, del Negociado de Energía de Puerto Rico; a Javier Rua Jovet, director de política pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (CESA); y a una representante de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC). No se registraron votaciones en la vista.

La cuestión central fue hasta dónde puede y debe llegar DACO sin invadir las competencias técnicas y regulatorias del Negociado de Energía. Yasiris Torres Rivera afirmó que “el DACO carece de jurisdicción expresa para reglamentar y fiscalizar de manera efectiva la venta y adquisición de sistemas de generación distribuida”, y advirtió que su intervención actual se limita principalmente a publicidad y prácticas comerciales.

La OIPC expresó respaldo a la medida pero pidió varias precisiones y recursos. “La OIPC avala la pieza legislativa que nos ocupa”, dijo su representante, y recomendó listar taxativamente los tipos de contratos que se pretenden regular, incluir definiciones técnicas (por ejemplo, qué se entiende por sistema de generación distribuida) y anular cláusulas de arbitraje cuando estas se usen para eludir la protección administrativa al consumidor.

El Negociado de Energía coincidió en la necesidad de proteger al consumidor, pero pidió salvaguardas para evitar que la nueva redacción sea interpretada como desplazamiento de su peritaje técnico y de su autoridad tarifaria. Antonio Torres Miranda dijo que el negociado “respalda toda medida o iniciativa que tenga como fin la protección del consumidor” pero recomendó una cláusula aclaratoria que preserve la jurisdicción del Negociado sobre asuntos técnicos, de interconexión, medición neta y tarifas.

La industria, representada por Javier Rua Jovet (CESA), se opuso a partes del proyecto. Rua argumentó que los datos muestran una baja tasa relativa de querellas frente al crecimiento de instalaciones: citó un parque estimado en 170,000 sistemas instalados en la isla y señaló que el modelo de arrendamiento y los contratos de compra de energía (PPAs) han permitido el acceso masivo. Rua alertó además sobre riesgos legales: “una ley que anule retroactivamente una cláusula contractual ... choca contra la constitución de Puerto Rico”, señaló, y manifestó inquietudes por la posible retroactividad que anulara cláusulas de arbitraje en contratos ya firmados.

En el transcurso de la vista pública se documentaron cifras y peticiones de información: CESA ofreció datos provisionales de crecimiento (de ~433 instalaciones mensuales en 2020 a alrededor de 4,289 al mes recientemente) y una tasa de quejas que CESA ubicó en torno a 0.26% del universo instalado; la OIPC informó que, desde 2022 hasta la fecha, 761 consumidores solicitaron asistencia por asuntos vinculados a sistemas de energía renovable. DACO reconoció un aumento de consultas en las regiones de Ponce, Mayagüez y Arecibo y aceptó remitir tablas con desgloses por edad, municipio y tipo de reclamo en un plazo de cinco días laborables, pedido que formuló la comisión.

Varios legisladores expresaron la urgencia de definir responsabilidades interinstitucionales para que el ciudadano no tenga que acudir a múltiples oficinas: los ponentes y representantes coincidieron en la conveniencia de un mecanismo de referencia interagencial para casos que impliquen aspectos técnicos (a cargo del Negociado) versus comerciales o de publicidad (a cargo de DACO). También se preguntó por la capacidad operativa de DACO; la agencia reconoció limitaciones de personal y presupuesto para asumir competencias técnicas sin recursos adicionales.

Otros puntos destacables: la industria señaló que los contratos de arrendamiento y PPA permiten el acceso a incentivos como el federal investment tax credit (usado por financiadores), y se señaló preocupación por cartas retroactivas de LUMA Energy que estarían cobrando estudios o cargos a clientes (monto agregado mencionado en la vista por un ponente: aproximadamente 12,000,000 USD, según su exposición). El presidente de la comisión dejó constancia en acta de la ausencia de LUMA Energy en la vista y dijo que la comisión no aceptaba la excusa.

La sesión concluyó sin votación sobre el proyecto; la comisión solicitó a DACO y a other partes la información adicional comprometida y dejó abierta la posibilidad de nuevas vistas para precisar redacciones y salvaguardias legales antes de enviar el texto a sano trámite legislativo.