La Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes celebró una vista pública en la que evaluó el Proyecto de la Cámara 568, que propone crear un calendario deportivo único y regular los eventos deportivos en Puerto Rico, y la Resolución de la Cámara 228, que solicita una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 28‑2019 y del reglamento 91‑79 en materia de protección de menores.

El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) manifestó su apoyo a la iniciativa “en la medida en que busca fortalecer las disposiciones actuales” del reglamento 91‑79 y mejorar la fiscalización, pero advirtió que la propuesta requiere precisión en definiciones y recursos adicionales para aplicarla. Edwin Hernández, director interino del DRD, dijo que la medida “busca fortalecer las disposiciones actuales del reglamento 91‑79 al otorgarse fuerza de ley” y recalcó que la dependencia enfrenta limitaciones presupuestarias que dificultan la supervisión efectiva.

Un punto central de debate fue el alcance operativo del calendario. El proyecto exige que todas las actividades en que participen menores consten en un calendario administrado por el DRD y que las organizaciones presenten datos del evento —fechas, lugar, número de participantes, planes de seguridad y seguro— antes de la autorización. El DRD señaló que el reglamento vigente ya exige que las organizaciones presenten itinerarios 30 días antes del evento, listas de participantes y brackets de torneos, pero que la fiscalización es incompleta por falta de personal y coordinación interagencial.

La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) advirtió riesgos administrativos y de patrocinio si el calendario único se aplica sin excepciones al deporte universitario. Jorge Oscar Sosa Ramírez, comisionado de la LAI, explicó que la liga elabora calendarios con antelación, que actualmente agrupa 17 universidades y reporta unos 3,426 atletas inscritos, y dijo que tareas como la venta de patrocinio y la coordinación con federaciones podrían verse afectadas si el proceso se convierte en una “actividad burocrática”. Sosa solicitó que la pieza deje explícita la exención o un tratamiento diferenciado para la competencia universitaria.

El Departamento de Educación dijo apoyar la intención de la medida y remarcó que las normas educativas y de currículos ya incorporan protección y planificación en educación física; sin embargo, su intervención dejó a cargo al DRD las consideraciones técnicas y operativas. Félix González Crespo, gerente de operaciones del Programa de Educación Física, confirmó que los calendarios escolares se comunican a maestros, directores y padres por las vías habituales.

Varios representantes y ponentes destacaron datos sobre lesiones y sobreuso: durante la vista se citó un estudio epidemiológico que registró que las lesiones más frecuentes en jóvenes deportistas fueron de tobillo (35%), rodilla (17%) y manos/dedos (13.6%), que el 43% ocurrieron sin contacto directo y el 51% durante sesiones de entrenamiento. Esos hallazgos se usaron para argumentar la necesidad de limitar la carga de competencia en menores y de exigir planes de entrenamiento por edad y temporada, exigencia que ya figura en instrumentos administrativos del DRD.

Entre las preocupaciones planteadas estuvieron: (1) la falta de claridad en las definiciones del proyecto —por ejemplo, “evento deportivo oficial” y “organizaciones deportivas”—; (2) el posible impacto en eventos comunitarios de recaudación realizados por grupos informales; (3) el orden de permisos (si el endoso del DRD debe preceder o no permisos municipales o de bomberos); y (4) la capacidad del DRD para administrar y fiscalizar un calendario que cubra todas las disciplinas deportivas del país.

El DRD propuso varias soluciones para mejorar cumplimiento sin paralizar actividades: utilizar mecanismos interagenciales de verificación (por ejemplo, exigir acreditación del DRD como requisito para exenciones contributivas u otros permisos), instruir y acreditar entrenadores —incluyendo cursos obligatorios sobre manejo de lesiones— y capacitar al personal regional para supervisar eventos con los recursos disponibles. Edwin Hernández indicó que el departamento iniciará intervenciones administrativas contra organizadores reincidentes y que el PRD está dispuesto a colaborar en la investigación pedida por la Resolución 228.

Los representantes solicitaron además salvaguardas para eventos comunitarios de recaudación (ej.: torneos para ayudar a un vecino enfermo) y la posibilidad de incluir excepciones puntuales en la redacción final. La LAI pidió explícitamente que el texto deje claro que la competencia universitaria quede fuera o que reciba un tratamiento especial, dado que la mayoría de sus participantes son mayores de 18 años y la liga ya gestiona calendarios y protocolos internos.

La comisión no tomó una votación final en la vista; el debate continuará mientras legisladores y agencias trabajan en enmiendas sobre definiciones, límites de recaudación, plazos de notificación y mecanismos de fiscalización. El DRD reiteró su disposición a proveer datos y colaborar en la investigación solicitada por la Resolución 228, al tiempo que advirtió que la falta de asignaciones presupuestarias puede limitar la implementación efectiva de cualquier mandato nuevo.