Representante presenta proyecto para proteger servicios públicos a inmigrantes y lugares sensibles

La representante González Gutiérrez Colón presentó el proyecto de la Cámara 331, impulsado por la American Civil Liberties Union (ACLU), que propone garantías mínimas para que el gobierno de Puerto Rico provea servicios esenciales de forma igualitaria a todas las personas que residen en la isla, sin tomar en cuenta su estatus migratorio.

La iniciativa, dijo la representante González Gutiérrez Colón, “busca uniformar los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las entidades de nuestro gobierno y las federales, con protocolos de acción específicos que impidan situaciones como la ocurrida recientemente en el municipio de Cabo Rojo”. En su exposición citó el caso de Araceli Terrero Mota como ejemplo de detenciones que, según la oradora, implicaron violaciones de derechos.

El proyecto identifica lugares “sensibles” por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales —escuelas, paradas de autobús, agencias del gobierno, universidades y hospitales— y propone reglas para limitar acciones que pudieran disuadir o impedir el acceso a servicios. La autora sostuvo que la medida busca “proteger la información privada de estas personas” y evitar que bases de datos gubernamentales se usen para persecuciones migratorias.

No se registró votación sobre el proyecto 331 en la sesión del 12 de junio. La presentación formó parte del turno inicial de representantes y la discusión pública que apareció en el récord se concentró en la apelación a principios de justicia y dignidad humana, sin que constara en el acta una moción de pase a votación en ese mismo día.

El texto remitido indica que la propuesta fue presentada "por petición de la ACLU"; el proyecto también establece parámetros para coordinar acciones entre entidades locales y federales.

Queda pendiente el trámite legislativo y cualquier audiencia o enmienda que el proyecto pueda recibir en comisión.