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Organizaciones y Colegio de Abogados rechazan proyecto que amplía renuncia de jurisdicción; Justicia pide discreción
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La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes continuó el miércoles 22 de octubre con la consideración del proyecto del Senado 38, que propone enmendar la Ley 88 de 1986 para ampliar la lista de delitos que darían lugar a solicitud de renuncia de jurisdicción y a ajustar las faltas al Código Penal.
La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes continuó el miércoles 22 de octubre con la consideración del proyecto del Senado 38, que propone enmendar diversos incisos de la Ley 88 de 1986 (Ley de Menores) para "atemperar" ciertas faltas al sistema de penas del Código Penal y para establecer que los procuradores de menores deban promover la solicitud de renuncia de jurisdicción en un conjunto ampliado de delitos.
El Departamento de Justicia informó que, si bien apoya aclarar las definiciones de faltas conforme al Código Penal, ha recomendado que la comisión reemplace la formulación mandato "deberá" por un mandato discrecional "podrá" respecto a la solicitud de renuncia de jurisdicción, para evitar convertir en norma lo que históricamente fue una excepción. Luis A. Ramos Vélez explicó que, en su experiencia, la renuncia de jurisdicción ha sido "la excepción" y que la medida debe preservar criterios individualizados antes de elevar un caso a la corriente penal de adultos.
El Colegio de Abogados y abogadas de Puerto Rico, representado por su presidenta Vivian Godíno Villaronga, la Sociedad para Asistencia Legal, la Comisión de Derechos Civiles y un amplio grupo de académicos y organizaciones científicas presentaron ponencias en contra del proyecto. La presidenta del Colegio calificó la propuesta como una regresión de garantías y señaló que la ampliación de la lista de conductas que obligarían a solicitar renuncia de jurisdicción “desdibuja la distinción esencial entre la justicia juvenil y el sistema penal de adultos.”
Los ponentes citados (académicos en psiquiatría, psicología y criminología) argumentaron que la evidencia científica y la jurisprudencia internacional y estadounidense —citas a precedentes como Roper, Graham y Miller fueron mencionadas por los expertos— sostienen que los adolescentes tienen diferencias de desarrollo cognitivo que hacen improcedente su tratamiento idéntico al de los adultos. Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, dijo que las reformas propuestas pueden criminalizar desproporcionadamente a jóvenes de comunidades empobrecidas y de educación especial.
Representantes de la Sociedad para Asistencia Legal describieron ejemplos y estadísticas históricas que, a su juicio, demuestran el riesgo de ampliar la renuncia. La comisión no votó sobre el proyecto; las comparecencias fueron recibidas y la mesa acordó solicitar documentación y coordinar nuevas vistas con agencias del Estado para profundizar el análisis. No se aprobó texto final ni se adoptó enmienda hoy.
