Cámara escucha prueba sobre derogar obligación de agotar remedios administrativos en escuelas

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes atendió el miércoles 22 de octubre de 2025 la ponencia sobre el proyecto de la Cámara 807, que propone derogar el artículo 4A de la Ley 88 de 1986, conocido como la Ley de Menores, y eliminar el requisito de agotar remedios administrativos en faltas ocurridas en planteles escolares.

El Departamento de Justicia, representado por la licenciada Viviana Catalá y el procurador de asuntos de menores Luis A. Ramos Vélez, expuso que la enmienda introducida por la Ley 47 de 2022 ha provocado demoras que impiden la intervención judicial en casos graves y, por ello, respaldó que el agotamiento de remedios no aplique a faltas clasificadas como tipo 2 y tipo 3. Ramos Vélez dijo que los procedimientos formales en el sistema educativo “no menos de 6 meses” y que, en su experiencia, la exigencia ha entorpecido la atención de casos que implican riesgo para la seguridad escolar.

La medida busca "restaurar la autoridad del procurador de menores de evaluar, bajo su discreción, el trámite que debe seguirse" para presentar querellas, según expuso la ponencia del Departamento de Justicia. En contraste, representantes de entidades de defensa de la niñez y organizaciones jurídicas advirtieron que la derogación total pondría en riesgo principios de rehabilitación y protegería menos a estudiantes, en particular a quienes son alumnos del sector público o están en programas de educación especial.

La Sociedad para Asistencia Legal, el Colegio de Abogados y abogadas de Puerto Rico, la Comisión de Derechos Civiles y otras organizaciones se pronunciaron en oposición. Alejandra Belmar Jiménez, directora ejecutiva de la Sociedad para Asistencia Legal, dijo que la disposición de 2022 pretendía evitar la criminalización temprana y que, aunque los procesos administrativos son lentos, eliminar el requisito abriría la puerta a más casos judicializados contra menores de entornos vulnerables.

Varios legisladores expresaron preocupación por el cumplimiento de leyes federales de educación especial (IDEA) y por garantizar que estudiantes con discapacidad reciban los procedimientos administrativos previos que les protegen. La comisión acordó requerir estadísticas y documentación al Departamento de Justicia para evaluar el impacto práctico de la enmienda: el procurador Ramos Vélez aceptó entregar datos (solicitados por la comisión) sobre casos relevantes de al menos los últimos cinco años dentro de un término de 10 días.

No hubo votación. El presidente de la comisión anunció que la oficina legislativa remitirá requerimientos por escrito al Departamento de Justicia y citará al Departamento de Educación y al Departamento de la Familia en vistas posteriores para obtener información adicional y definir recomendaciones legislativas.