Comisión de la Cámara escucha a AES sobre posible extensión del cierre de la planta de carbón; legisladores piden datos y documentos en 48 horas

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el 10 de febrero en la que discutió el proyecto de la Cámara 267 —propuesto para enmendar la ley 17-2019 y permitir, en casos, extensiones de operación de plantas que queman carbón— y escuchó a ejecutivos de AES Puerto Rico, grupos comunitarios y organizaciones de salud ambiental.

La comparecencia central la hizo Jesús Bolinaga, presidente de AES Puerto Rico, quien dijo que la planta de Guayama tiene una capacidad instalada de 510 megavatios (MW) —aproximadamente “hasta el 20%” del sistema según su cálculo— y que su contrato de venta de energía (PPOA) vence cerca de la fecha límite fijada por la ley (cierre previsto para 2027). Bolinaga afirmó que AES está cumpliendo el mantenimiento necesario para operar hasta 2027, que no ha realizado inversiones para convertir la planta a otro combustible y que, ante la ley vigente, no puede iniciar estudios de factibilidad sin una modificación legal que justifique el gasto.

La exposición de AES y el debate posterior se centraron en tres límites técnicos y políticos: (1) la capacidad actual y la reserva del sistema eléctrico, (2) la factibilidad y el plazo para construir un sustituto de esa generación y (3) los costos y responsabilidades —públicas o privadas— para sostener la planta más allá del plazo legal. En la vista Bolinaga indicó que la empresa realiza mantenimientos anuales que promedian unos 6 millones de dólares y que no ha invertido en el desmantelamiento ni en una reconversión de la planta; citó también que quedan “34 meses” hasta la fecha de cese señalada en la ley.

Representantes y expertos de la sociedad civil rebatieron la idea de una ampliación sin condiciones. Grupos ambientales, médicos y organizaciones comunitarias señalaron estudios y muestreos asociados a impactos de salud y contaminación por cenizas y emisiones en Guayama, Salinas y municipios aledaños, y pidieron que la política pública conserve las metas intermedias de generación renovable de la ley 17-2019. Médicos y salubristas presentes subrayaron riesgos para niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas relacionados con la exposición a emisiones y residuos de combustión.

Tanto representantes legislativos como las organizaciones reclamaron documentación técnica a AES. La comisión solicitó a la empresa pruebas de sus comunicaciones con agencias gubernamentales (por ejemplo, Autoridad de Energía Eléctrica / PREPA, Negociado de Energía); detalles de gastos en mantenimiento y desmantelamiento; el historial de multas y notificaciones regulatorias; información sobre dragado de la bahía (AES dijo que el último dragado costó unos 8 millones de dólares); y cronogramas y costos estimados para cualquier inversión que permitiera extender la vida útil de la planta. AES se comprometió a entregar esos documentos a la comisión: primero se fijó un plazo de 10 días y la presidencia lo redujo a 48 horas.

La discusión técnica incluyó dos puntos reiterados por varios participantes: (1) que la sola aprobación legislativa de una extensión no garantiza que exista un sustituto inmediato de los 510 MW y (2) que la sustitución vía renovables exige combinar generación (solar) con almacenamiento (baterías) y medidas de reducción de demanda (eficiencia energética, manejo de carga) para brindar capacidad despachable similar a la que entrega la planta de carbón en horas críticas. Organizaciones civiles y técnicos presentaron análisis que proponen priorizar generación distribuida (paneles en techo + baterías), programas de incentivos para reducción de demanda y uso de fondos federales para acelerar despliegue residencial y comunitario en vez de depender exclusivamente de grandes fincas solares en suelo agrícola.

La comisión anunció además que programará visitas a plantas de generación (incluida AES) y que seguirá recibiendo documentación y comparecencias. No se votó ni se adoptó decisión final sobre el proyecto; la sesión dejó dos salidas procedimentales claras: la empresa debe entregar los documentos solicitados y la comisión continuará las audiencias y visitas técnicas antes de preparar un informe y posibles enmiendas al proyecto.

Los asuntos que los legisladores señalaron como pendientes incluyeron: qué enmienda concreta conviene (extensión hasta 2030, 2035 u otra), qué inversión pública o privada sería necesaria para mantener la planta operativa con normas ambientales más estrictas, y cómo contabilizar de forma oficial la generación distribuida (prosumidores) en las metas legales. La comisión dejó constancia de que cualquier cambio a la ley debe preservar criterios técnicos, responsabilidad fiscal y salvaguardas de salud pública y ambiental.