La ciudad intensifica investigación y medidas contra presunta manipulación de rentas tras incendios

La oficina del fiscal de la ciudad y funcionarios de vivienda informaron el martes que han recibido cerca de mil denuncias por presunta especulación o manipulación de precios en el mercado de alquileres tras los recientes incendios, y que ya están enviando cartas de cese y comenzando investigaciones formales.

Por qué importa: las autoridades dijeron que, según el código penal estatal, cobrar más de un cierto porcentaje durante una emergencia puede constituir un delito menor y conllevar sanciones civiles y penales; los departamentos municipales esperan que las acciones protejan a inquilinos desplazados y recuperen rentas cobradas en exceso.

La presentación estuvo a cargo de un portavoz de la oficina del fiscal de la ciudad y de la gerente general del Departamento de Vivienda, Tina Johnson Hall. “La violación de la regla trae consecuencias significativas, puede ser catalogada como un delito menor”, dijo un representante de la oficina del fiscal, citando la ley estatal, y explicó que las sanciones civiles pueden incluir multas y restitución a las víctimas. Johnson Hall detalló que la ciudad ha establecido una “línea roja” y está consolidando reportes recibidos por 3-1-1 para agilizar la investigación y la emisión de cartas de cese.

Funcionamiento y recursos: los funcionarios dijeron que el proceso que se puso en marcha incluye (1) consolidación de quejas recibidas por 3-1-1 y por una línea directa especial; (2) emisión de cartas de cese dirigidas a presuntos responsables; (3) exigencia de reembolso de rentas y depósitos excedentes; y (4) coordinación con agencias penales y fiscales del condado para enjuiciamiento cuando corresponda. El portavoz indicó que ya se han enviado decenas de cartas y que esperan enviar “cientos” conforme se procesen las denuncias.

Alcance y cifras: el departamento de viviendas indicó que, al corte del informe, se han recibido “más de setecientas” y cerca de mil reportes desde distintos canales; además, señalaron que, en las evaluaciones iniciales de los incendios, hay 56 propiedades con 751 unidades sujetas a la ordenanza de estabilización de rentas (RSO) que han resultado destruidas, cifra que podría aumentar a medida que Cal Fire complete sus revisiones.

La ciudad también está trabajando para ofrecer rutas de asistencia a inquilinos afectados: conectar a las personas con vales de hotel, asistencia financiera y representación legal a través de programas existentes, y crear un portal en línea para que los residentes presenten evidencia (fotos, contratos, documentación) que respalde las denuncias. Johnson Hall dijo: “La ciudad tiene un proceso para poder conectar a los inquilinos con nuestros recursos por medio de los registros o base de datos”.

Reacciones y peticiones: defensores de inquilinos presentes en la audiencia urgieron a medidas más rápidas y a límites temporales de aumentos —varios oradores pidieron topes del 3% y monitoreo real de desalojos— mientras representantes del sector privado señalaron que las herramientas de fijación de precios (como portales comerciales) no determinan automáticamente las tarifas y advirtieron sobre riesgos legales o económicos de una prohibición amplia.

Próximos pasos: los funcionarios prometieron presentar un informe actualizado la semana siguiente con cifras consolidadas, mayor detalle sobre coordinación con el condado y el estado, y un plan para ampliar la asistencia a los desplazados. La oficina del fiscal informó que ya presentó al menos una causa que podría derivar en un litigio por delito menor.