Comisión de la Cámara inicia vista sobre posible reinstauración del gas pimienta en instituciones juveniles

La Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró el 2 de octubre de 2025 una vista pública convocada por la resolución de la Cámara 3-26 para investigar la política pública y los protocolos que rigen el uso de agentes químicos —incluido el gas pimienta— en instituciones que albergan menores.

La vista reunió peritajes técnicos y testimonios operativos de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y representantes del personal de custodia y legisladores. La investigación, según la resolución, debe evaluar la legalidad, proporcionalidad y compatibilidad con los derechos de los menores, además de la necesidad de garantizar la seguridad institucional.

La teniente Lilian Ortiz Oliver, coordinadora de delitos sexuales y maltrato de menores de la Policía de Puerto Rico, explicó los límites y protocolos internos sobre el uso de agentes químicos por parte de la policía. Ortiz señaló que la Orden General 604 regula el uso del agente químico que usa la Policía y, en su exposición, afirmó que “el OEC será el único agente químico permitido portar para el uso de cualquier miembro de la Policía de Puerto Rico, debidamente adiestrado y certificado conforme a esta orden.” Ortiz añadió que la orden describe distancias de aplicación y obligaciones de notificación médica y reporte tras cada uso.

Desde la perspectiva administrativa y legal, Zulma Matías Otero —coordinadora de seguridad de instituciones juveniles, en representación del secretario del DCR, Francisco Antonio Quiñones Rivera— presentó un análisis que incluye tres líneas de evaluación: la perspectiva legal, la de derechos humanos y la operativa. Matías Otero recordó que la Ley 47 de 2022 prohibió expresamente el uso de agentes químicos en las dependencias del negociado de instituciones juveniles y advirtió que “reinstaurar el gas pimienta requeriría enmendar o derogar la Ley 47 de 2022”, un proceso legislativo que, dijo, implicaría escrutinio público y posible cuestionamiento constitucional.

Óscar Ortiz Colón, vicepresidente de la Federación de Oficiales de Custodia y trabajador de corrección, describió el impacto operativo de la prohibición sobre el personal: “La ausencia de este equipo vulnerabiliza la seguridad y la vida de los jóvenes internos, así como la de personal civil y de seguridad que trabajan en servicio directo.” Ortiz Colón y otros oficiales testificaron que, según su experiencia en los centros de Villalba y Ponce, la eliminación del gas pimienta dejó al personal con opciones limitadas para intervenir a distancia en altercados, lo que en su opinión ha aumentado el riesgo de lesiones.

Los funcionarios del DCR reconocieron esfuerzos de sustitución que incluyen compra de equipo de protección (chalecos, protectores), sistemas de videovigilancia, más capacitación (40 horas anuales mínimas por oficial) e inversión en personal y salud mental. Al mismo tiempo el DCR señaló que la única área en la que aún no han mostrado cumplimiento total es el reclutamiento (convocatoria abierta para 120 plazas), y que la agencia está en proceso de reforzar las alternativas operativas.

En el debate los legisladores y testigos presentaron cifras operativas y solicitudes de datos: el DCR informó que actualmente hay 47 jóvenes en Villalba y 23 en Ponce (70 en total) y que la plantilla combinada rondaba los 268 empleados. En materia de incidentes, los testigos citaban variaciones año a año: por ejemplo, en una exposición se indicó que eventos de intento de agresión a empleados pasaron de 15 (2022, antes de la prohibición) a 34 (2023, posterior a la prohibición); en otra referencia se mencionaron cifras distintas para eventos de agresión según el año (6 frente a 16 en otra serie de datos). El Comité solicitó al DCR que entregue registros desglosados de incidentes y la estadística firmada por la oficina responsable en un plazo de 10 días para la continuación de la investigación.

En el aspecto jurídico, el DCR recordó que la discusión incluye antecedentes de supervisión federal: la denominada acción civil 94-2080 y su estipulación 77, cuyo cierre parcial/condicionado fue citado durante la vista como parte del contexto histórico que llevó a las reformas de 2022. Testigos legales y administrativos coincidieron en que cualquier reinstauración requeriría protocolos estrictos, capacitación certificada, obligaciones de reporte y supervisión administrativa para ajustarse a estándares constitucionales y de derechos humanos.

Los representantes expresaron posiciones encontradas: la representante Adriana Gutiérrez defendió la prohibición como parte de un enfoque restaurador y en línea con instrumentos internacionales y con políticas adoptadas en múltiples jurisdicciones; otros legisladores y representantes del personal de custodia abogaron por evaluar herramientas que permitan intervenir en situaciones de riesgo, siempre dentro de límites estrictos. No se produjo ninguna votación ni enmienda durante la vista; la sesión se entendió como parte del proceso investigativo de la resolución 3-26.

La Comisión solicitó documentación adicional al Departamento de Corrección y Rehabilitación: estadísticas detalladas de incidentes por año y tipo, desglose del personal efectivo en servicio (por destaque, ausencias médicas, permisos y vacantes) y cualquier protocolo que el DCR proponga como alternativa o complemento a la prohibición vigente. La vista continuará informando el informe de la Comisión conforme se reciban y analicen esos datos.