Comisión de Hacienda recibe estudio que cifra carga tributaria de Puerto Rico y plantea reforma integral

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes recibió este lunes el estudio Los impuestos en Puerto Rico: estructura, carga tributaria y comparación con Estados Unidos, elaborado por el Instituto de Libertad Económica (ILE), y acordó incorporarlo al expediente de la comisión y remitirlo a la otra cámara para su consideración.

El presidente de la Comisión, el representante Dey Charbonieri, abrió la sesión citando la resolución de la Cámara 60 que autoriza a la comisión “obtener la información, investigación, citar a personas sobre temas contributivos”, y dijo que el documento aportado por el ILE será recibido oficialmente y referenciado en el proceso legislativo.

El estudio, presentado por Jorge Luis Rodríguez González, fundador y director ejecutivo del Instituto de Libertad Económica; el doctor Ángel Carrión Tavares, director de investigación y política pública; y el economista Edwin Ríos, plantea que el sistema tributario puertorriqueño es “fragmentado, complejo y opaco” y recomienda una reforma tributaria integral para corregir “las deficiencias estructurales del sistema actual.”

“El sistema contributivo de Puerto Rico es complejo, fragmentado y estructuralmente singular,” dijo Jorge Luis Rodríguez González en la audiencia, y explicó que el informe incluye un apéndice con un índice y tabla de cada tipo de impuesto y sus tasas basadas en el Código de Rentas Internas y el Código Municipal.

El estudio, que usa como año base 2023, calcula que el total de impuestos federales, estatales y municipales pagados por residentes y negocios ascendió a 281,023,000 dólares y que la carga tributaria mínima documentada es de 26.2% (los autores señalan que ese porcentaje podría ser mayor una vez se incorporen datos municipales y federales que no siempre están desglosados por jurisdicción).

Entre las observaciones del informe figuró la elevada concentración de los recaudos: aproximadamente 69.6% de los ingresos estatales y locales procede de impuestos al consumo y a las corporaciones, y el impuesto a la propiedad representa apenas 7.3% de los recaudos municipales y estatales, frente a un promedio de 27.4% en los estados de EE. UU., según los autores.

Edwin Ríos dijo que la recomendación principal es una reforma “con enfoque sistémico” que examine interacción entre impuestos y niveles de gobierno y que incluya un análisis del gasto público: “se requiere un análisis del gasto orientado a reducir su volumen y mejorar su eficacia, transparencia e impacto redistributivo,” indicó Ríos durante su intervención.

Los ponentes alertaron además sobre la dispersión normativa y la falta de bases de datos estandarizadas a nivel municipal: el informe advierte que ordenanzas municipales —como la Ordenanza Núm. 20 del municipio de Isabela, citada en la presentación— crean impuestos especiales cuyos recaudos no aparecen con facilidad en registros centrales como los del CRIM, lo que complica medir el total recaudado por los municipios.

Durante el turno de preguntas, legisladores consultaron sobre varias opciones planteadas en el informe: revisar la progresividad de las escalas contributivas, aliviar la carga sobre trabajadores y pequeñas empresas, aumentar la transparencia de tasas y recaudos, y evaluar la posibilidad de rebalancear la tributación hacia impuestos menos distorsionadores —por ejemplo, una discusión sobre el rol del impuesto a la propiedad frente al impuesto al consumo (IVU). En la audiencia se recordó que la experiencia de estados sin impuesto sobre la renta estatales (como Florida) muestra que una base impositiva ampliada por mayor actividad económica puede compensar tasas estatales menores.

Los autores y algunos legisladores también señalaron vínculos entre la estructura tributaria y la participación laboral: el ILE estimó que hay cientos de miles de personas en edad laboral inactivas cuyo ingreso y contribución fiscal podrían aumentar si se redujeran barreras regulatorias y se incentivara la formalización laboral. Los ponentes propusieron, entre otras medidas, revisar licencias ocupacionales, simplificar trámites y consolidar agencias para mejorar eficiencia administrativa.

Al cierre de la vista, el presidente de la comisión dijo que el informe será recibido formalmente por la Comisión de Hacienda y referido para su consideración en la agenda legislativa, y convocó a otros grupos a presentar ponencias si discrepan o desean completar evidencias. No se registró votación formal durante la sesión para la aprobación de medidas asociadas al informe.

El documento y las preguntas formuladas en la audiencia marcaron líneas de trabajo que los ponentes y miembros de la comisión identificaron como prioritarias: consolidar datos fiscales estatales y municipales, estudiar el impacto distributivo de las escalas impositivas, revisar la composición del gasto público y evaluar el papel de incentivos y exenciones en la competitividad económica.

La comisión cerró la sesión indicando que podrá volver a citar a los autores para ampliar la discusión y tendrá el informe como referencia en el proceso de reforma contributiva en curso.