Cámara 344 propone certificación escolar contra la violencia de pareja; agencias piden recursos y coordinación interagencial

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el 26 de septiembre de 2025 sobre el Proyecto de la Cámara 344, que propone crear una certificación escolar para capacitar a estudiantes de secundaria como capacitadores en prevención y atención de la violencia de pareja y de género.

La autora de la medida, la representante Odalis González González, dijo que la propuesta busca “empoderar” a jóvenes para que eduquen a sus pares y que la certificación podría computar como horas de servicio comunitario. González González añadió que el proyecto ya fue aprobado anteriormente por cámaras legislativas en etapas previas del proceso.

El Departamento de Educación, representado por Michelle Tirado Escobar, gerente de operaciones del programa de salud escolar, dijo que "el departamento de educación de Puerto Rico reconoce la importancia de esta iniciativa y no objeta su contenido" pero subrayó riesgos operativos y fiscales si no se asignan fondos recurrentes. Tirado explicó que el programa de salud escolar ya tiene un manual y maestros de salud en 470 escuelas que podrían servir de punto de partida para la certificación y que, fuera del currículo existente, la medida implicaría costos adicionales para un currículo nuevo.

Rebeca Ward, directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAF) del Departamento de Salud, expresó que "prevenir la violencia sexual y de género es una responsabilidad colectiva" y que el CAF apoya la capacitación de jóvenes como recursos de prevención, pero pidió que la medida integre y financie recursos existentes, que reconozca la Ley 75 de 2007 como marco legal base y que vincule al CAF como entidad perita para implementación y certificación.

La Oficina de la Procuradora de la Mujer, representada por el licenciado Nelson Vélez, también valoró la intervención escolar propuesta pero señaló limitaciones institucionales: "la oficina no cuenta con los recursos humanos, operacionales ni presupuestarios necesarios para avalar la implementación de una certificación escolar estructurada y estandarizada como la propuesta". Vélez recomendó explorar extensión a niveles intermedios y cauteló sobre la necesidad de supervisión profesional y alineación con enfoques sensibles al trauma.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSCA), representada por la administradora Katherine I. Oliver Franco y el licenciado Isaac Hernández, detalló programas existentes y resultados operativos y advirtió contra duplicidades. Oliver Franco afirmó que AMSCA puede integrarse y coordinar esfuerzos y ofreció datos operativos: para 2025 reportaron 75,058 personas impactadas en 3,833 talleres y 728 escuelas en el año fiscal 2024; en los últimos tres años fiscales afirmó un total de aproximadamente 210,520 personas atendidas y 10,155 talleres. AMSCA recomendó financiar y fortalecer programas existentes antes que crear estructuras paralelas.

Autores y legisladores que intervinieron —incluidos el representante José Pérez Cordero ("Che" Pérez), los representantes Ángel Morey Noble, Reinaldo Figueroa Acevedo y Daniel Morey— respaldaron la idea de que “jóvenes enseñando a jóvenes” aumentaría la efectividad del mensaje en poblaciones estudiantiles y pidieron que las agencias entreguen estimados de recursos para implementación.

Dirección de la comisión y próximos pasos: la presidenta de la comisión (no identificada por nombre en el acta) pidió a las agencias convocadas —Departamento de Educación, Departamento de Salud (CAF), Oficina de la Procuradora de la Mujer, AMSCA y la Policía (área de violencia y delito sexual), además de Justicia— que se reúnan de forma interagencial y remitan a la comisión propuestas concretas. Se fijaron plazos: 5 días laborables para proponer tres fechas para una reunión interagencial (término que vence el 3 de octubre de 2025) y 10 días laborables para remitir recomendaciones y un posible desglose presupuestario sobre personal y costos necesarios para implementar la certificación.

La sesión dejó en evidencia consenso en el objetivo de prevención y educación, pero diferencias sobre la factibilidad financiera y la estructura de implementación. Varias agencias propusieron que la certificación se articule con programas y currículos ya existentes (manual de relaciones saludables del Departamento de Educación, currículos validados del CAF, y programas de AMSCA) y que la evaluación de aprendizaje —por ejemplo, pruebas pre y post— sirva como mecanismo de certificación.

La Comisión de Educación indicó que trabajará con los insumos recibidos para precisar la redacción del proyecto y las enmiendas necesarias que incluyan mecanismos de financiamiento recurrente y coordinación interagencial. La vista pública concluyó a las 11:30 a.m.