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Cámara aprueba ley de planes de pago justos para servicios esenciales
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La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto que obliga a proveedores de agua y energía a ofrecer planes de pago ajustados a la capacidad económica de las familias, limita el pago inicial y las mensualidades y prohíbe intereses en deudas menores a $5,000.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el jueves 18 de septiembre el Proyecto de la Cámara 133, una ley que establece ‘planes de pago justos’ para garantizar la continuidad de servicios esenciales como agua potable y energía eléctrica.
La medida, presentada por el representante Navarro Suárez, obliga a los proveedores autorizados a ofrecer acuerdos de pago que se ajusten a la “capacidad de ingresos de la unidad familiar”, con un pago inicial que podrá fijarse entre un 5% y un 20% de la deuda y una mensualidad máxima equivalente al 5% del ingreso del hogar. El texto también prohíbe el cobro de intereses en planes de pago sobre deudas menores a $5,000.
El proyecto apunta a que tanto agencias públicas (por ejemplo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) como concesionarios privados autorizados (mencionado en la sesión como el consorcio LUMA) apliquen estas reglas. Navarro Suárez dijo que la ley “es sobre la equidad, sobre la decencia y sobre que Puerto Rico que queremos tenga personas que por diferentes razones… tengan un plan de pago justo y razonable”.
El texto establece además mecanismos de revisión administrativa: un abonado que entienda que el plan otorgado no respeta la ley podrá solicitar revisión ante el propio proveedor y ante el Departamento de Asuntos del Consumidor; la determinación administrativa deberá emitirse dentro de 30 días. La disposición permite que la resolución final sea objeto de revisión judicial conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de Puerto Rico; el autor señaló que no procederán acciones de interdicto ni reclamaciones punitivas en ciertos supuestos regulados por la medida.
Por sus defensores, la norma busca reducir casos en que a consumidores se les exige como condición de restablecimiento porcentajes de pago iniciales muy altos (mencionados en el debate como hasta el 50%), lo que, según exposiciones en el hemiciclo, ha dejado a hogares sin servicios esenciales.
Representantes que intervinieron desde distintos distritos apoyaron la medida y aludieron a que casos recientes de facturas o cobros excesivos motivan la reforma. Un orador recordó medidas similares radicadas en 2016 y dijo que la llegada del concesionario LUMA había dejado vacíos en la protección de abonados que ahora busca subsanar el proyecto. La Cámara aprobó el proyecto según enmendado; el registro final de la votación indicó 46 votos a favor.
A modo de alcance, la ley impone requisitos probatorios razonables (planilla, talonario o certificación bajo juramento del patrono) para acreditar ingresos y facilitar la determinación de la cuota mensual.
El proyecto pasa ahora al Senado; en el debate el autor pidió celeridad para su trámite en esa cámara.
