Vista pública en Cámara examina proyecto que crea ley de competencia desleal y enmienda la Ley 77

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el 28 de agosto de 2025 sobre el Proyecto de la Cámara 664, presentado por la vicepresidenta de la Cámara Yashira LeBrón Rodríguez, que propone crear una ley de competencia desleal en Puerto Rico y enmendar el artículo 3 de la Ley 77 de 25 de junio de 1964 para permitir que personas afectadas presenten querellas por prácticas desleales.

La medida busca enumerar actos que se considerarían competencia desleal —engaño, confusión, omisiones engañosas, prácticas agresivas, denigración, comparación, imitación, explotación de reputación ajena, violación de secretos comerciales, inducción a la infracción contractual, discriminación, dependencia económica y venta por debajo del costo— y crear causas de acción civiles, entre ellas cesación, rectificación y resarcimiento por daños.

La licenciada Tanya García Ibarra, de Departamento de Justicia, dijo que la propuesta “instituye la jurisdicción concurrente” entre DACO (la UAM dentro de Justicia) y el foro judicial, y advirtió que la redacción debe aclarar si la pretensión activa el procedimiento administrativo de la UAM o directamente un proceso judicial. García Ibarra añadió que la pieza fija un término prescriptivo de tres años para la acción privada, pero recordó que el Tribunal Supremo, en el caso Abarca, sostuvo que el término aplicable a reclamaciones bajo la Ley 77 es de cuatro años desde la comisión del último acto, lo que plantea una divergencia entre plazos.

El representante Gabriel J. Sicardó Ocasio, en representación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), explicó que el reglamento vigente de DACO (reglamento 91-58, 2019) se centra principalmente en la relación consumidor-comerciante y que la propuesta ampliaría el alcance para incluir conflictos entre comerciantes, lo cual, a juicio de DACO, “no sería jurisdicción primaria del DACO, sino un complemento y no un sustituto”. DACO manifestó apoyo a la medida como herramienta para robustecer la protección al consumidor, pero pidió lenguaje claro sobre la función adjudicativa del DACO frente a la del Departamento de Justicia.

Representantes de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (UAM) en Justicia defendieron que muchas de las facultades y prácticas ya se encuentran reguladas por el artículo 3 y el artículo 13 de la Ley 77 y propusieron que parte del objetivo del Proyecto 664 podría alcanzarse mediante enmiendas a esos artículos en lugar de crear una ley separada. La oficina señaló que su reglamento (mencionado en la vista como que contiene siete métodos injustos y unas 35 prácticas) es amplio y no exhaustivo, y que una lista taxativa en la ley podría limitar la capacidad de atender prácticas emergentes.

En la vista también se discutieron riesgos operativos y de acceso: la UAM informó que actualmente atiende alrededor de cinco investigaciones activas de comerciantes y que el año anterior se registraron 38 querellas relacionadas, y que la oficina dispone de un equipo pequeño —se menciona plantilla de cinco abogados en la Secretaría Auxiliar, más fiscales especiales— pero puede recurrir a economistas y expertos bajo contrato cuando un caso exige estudios económicos complejos. Los ponentes coincidieron en la necesidad de campañas de divulgación y en generar mecanismos de mediación o remedios administrativos para evitar que pequeñas empresas queden expuestas a litigios costosos.

Varios legisladores, incluido el presidente de la comisión y el miembro José Varela Fernández, pidieron que se concrete un diálogo interagencial y una mesa de trabajo para armonizar el texto, definir la jurisdicción entre DACO/UAM y tribunales, y revisar el tema del plazo prescriptivo. Durante la sesión se solicitó además que ciertos documentos y un estudio comparativo que la oficina de Justicia mencionó sean entregados a la comisión en cinco días.

La autora de la medida, vicepresidenta Yashira LeBrón Rodríguez, asistió y declaró que está abierta a trabajar con las agencias para atemperar la legislación a las reglas actuales, y los ponentes ofrecieron disponibilidad para redactar enmiendas que clarifiquen jurisdicción, alcance y remediación. No se tomaron votos ni se aprobó lenguaje en la sesión; la jornada funcionó como foro de consulta técnica y política.

Queda pendiente que la comisión reciba los materiales solicitados, consolide recomendaciones de Justicia, DACO y Desarrollo Económico, y evalúe si la reforma debe materializarse como ley nueva (Proyecto 664) o mediante enmiendas al artículo 3 y 13 de la Ley 77.