Vista pública respalda proyecto que amplía la Ley 54 para proteger adultos mayores y personas con diversidad funcional

SAN JUAN — La Subcomisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes celebró el 12 de mayo de 2025 una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 546, que propone enmendar la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) para incluir a las personas adultas mayores y a las personas con diversidad funcional en definiciones, crear un referido obligatorio al Departamento de la Familia y tipificar como maltrato agravado actos cometidos en presencia o mediante estas personas.

El proyecto busca tres cambios puntuales: incorporar definiciones en el artículo 1.3 (adulto mayor y persona con diversidad funcional), extender el referido obligatorio al Departamento de la Familia cuando el incidente involucre o ocurra en presencia de esas poblaciones (artículo 2.9) y considerar como agravante, a efectos del artículo 3.2, la comisión del delito contra o en presencia de una persona adulta mayor o con diversidad funcional.

La procuradora de las personas de edad avanzada, Yolanda Varela, y su equipo respaldaron la medida ante la subcomisión y urgieron uniformidad terminológica en la legislación. “Protegerlos es al final protegernos todos porque vamos a llegar a esa edad”, dijo Varela en la vista, al exponer cifras y perspectivas demográficas que, según su oficina, muestran un aumento sostenido de la población de 60 años o más.

La procuradora de la mujer, la licenciada Tanya García Ibarra, también expresó apoyo con énfasis en una respuesta estatal integral: “La inclusión responde a una responsabilidad social comprobada y a una política pública de inclusión y equidad”, dijo García Ibarra al respaldar la adición de definiciones y el referido obligatorio, y al señalar que la medida no debilita el enfoque de género de la Ley 54 sino que amplía su protección.

Datos y alcance institucional

Representantes de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPEA) entregaron y anunciaron cifras que, según dijeron, documentan el volumen de querellas y tipos de maltrato que atienden. Para registro de la vista, la OPEA consignó 8,138 querellas por maltrato; de esas, 2,157 están clasificadas como negligencia; 1,022 como negligencia propia; 2,246 como explotación financiera; 703 como abuso emocional; y otras cifras desglosadas por tipo de querella. La OPEA también identificó que San Juan, Ponce y Bayamón figuran entre los municipios con más querellas recibidas.

Capacidad de respuesta y solicitudes de información

Varios legisladores solicitaron datos adicionales y precisiones técnicas antes de cualquier votación: la vicepresidenta de la Cámara, la representante Yasira LeBrón, pidió que la OPEA entregue la documentación estadística en cinco días para sustentar el debate; la subcomisión también solicitó la postura y la viabilidad operativa del Departamento de la Familia ante la ampliación del referido obligatorio, dada la carga que la medida imponería a esa agencia.

En la vista se advirtió que el Departamento de la Familia ha enfrentado limitaciones de personal en trabajadores sociales y psicólogos, por lo que los ponentes y legisladores coincidieron en que la opinión de la agencia sobre la factibilidad operativa debe incorporarse al expediente del proyecto.

Preocupaciones sobre enmiendas sucesivas a la Ley 54

Algunos integrantes de la subcomisión y ponentes plantearon cautela frente a lo que describieron como una ola de enmiendas puntuales a la Ley 54 en este cuatrienio. La representante Adriana Gutiérrez y otras legisladoras sugirieron que, además de aprobar enmiendas puntuales necesarias, la Asamblea considere convocar un comité técnico y una revisión exhaustiva de la Ley 54 para evitar incongruencias o solapamientos normativos y asegurar coherencia terminológica y operativa.

Próximos pasos

No se registró votación formal durante la vista. Los ponentes instaron a la subcomisión a incorporar los datos prometidos por la OPEA y a obtener la posición escrita del Departamento de la Familia sobre la viabilidad del referido obligatorio. La subcomisión indicó que recibirá la documentación solicitada y que la información será utilizada para los análisis posteriores del proyecto.