Comisión de la Cámara escucha testimonios sobre el proyecto que prohíbe baños múltiples inclusivos en dependencias públicas

La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró el jueves 1 de mayo una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 165, presentado por la representante Lizzy Burgos Muñiz, que propone prohibir la instalación de baños múltiples “inclusivos, mixtos o neutros” en agencias, instrumentalidades y dependencias del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En la audiencia, que se celebró en el Salón de Audiencias 6, comparecieron representantes de organizaciones civiles, la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), personal de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), estudiantes y funcionarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR). La discusión combinó estadísticas oficiales, relatos de estudiantes sobre incidentes en baños universitarios y preguntas de representantes sobre ejecución administrativa y riesgos regulatorios.

Claribel Maldonado, portavoz de la organización Mujeres por Puerto Rico, dijo que el proyecto busca “espacios más seguros y más privados” y defendió la separación por sexo biológico por razones de privacidad y protección: “La biología no es estúpida, la naturaleza no es intolerante, es lo que es,” afirmó Maldonado al exponer argumentos basados en experiencias de víctimas y en ejemplos internacionales.

El licenciado Nelson Vélez, en representación de la OPM, presentó cifras que la oficina recopiló de agencias estatales: reportes del Negociado de la Policía indicaron 1,200 víctimas de agresiones sexuales en 2022 (80.5% mujeres) y 1,278 incidentes en 2023 (79.8% mujeres). Vélez dijo además que, durante los años fiscales 2022–2023, el Centro de Ayuda para Víctimas atendió 300 casos nuevos, reabiertos o de seguimiento. La OPM informó además que abrió un requerimiento de información a la UPR para investigar denuncias vinculadas al uso de baños inclusivos y dio a la universidad un término de 20 días para responder.

La estudiante Arialis (Ariadis) Meléndez, de la UPR-Río Piedras, relató episodios que dijo haber vivido en baños rotulados como inclusivos en el campus, incluyendo tres incidentes en los que describió escuchar una voz masculina masturbándose dentro de cubículos durante sesiones de estudio nocturnas. Meléndez dijo que las experiencias la llevaron a evitar usar ciertos baños y que al presentar una querella en la oficina de Título IX se sintió desalentada por la atención recibida.

Jean Carlos Dusset, portavoz del grupo Estudiantes en Contra de los Baños de Acoso, respaldó la medida y pidió acción administrativa inmediata en la UPR; en su intervención afirmó: “Este proyecto no se trata de excluir a nadie, sino de reconocer que existen riesgos reales cuando se permite que hombres tengan acceso a baños donde mujeres están en su momento de mayor intimidad.” Dusset presentó correos y notificaciones del campus y dijo que el Consejo de Estudiantes del recinto acogió una moción el 23 de abril para investigar actos lascivos en los baños.

Edwin Vega Milán, vicepresidente interino de Asuntos Estudiantiles de la UPR, leyó una ponencia suscrita por el presidente interino de la institución que, según dijo, avala la protección de la salud, seguridad y dignidad de las mujeres y propone soluciones de infraestructura, incluyendo baños individuales y familiares. Vega Milán señaló que la UPR estaba en proceso de atender directrices administrativas y que, a su juicio, la solución técnica ideal pasa por baños individuales, aunque admitió que hay una transición administrativa en curso y que ciertas órdenes administrativas sobre señalización aún no se habían implementado en todos los recintos.

Ernesto Luis Rentas Torres, en representación de la OATRH, advirtió sobre un aspecto técnico del proyecto: el Artículo 4 propone una multa administrativa de $5,000 a agencias que incumplan, y Rentas solicitó aclaración sobre qué entidad tendría la autoridad para imponerla. La OATRH sugirió precisar la agencia responsable en la redacción para evitar ambigüedades regulatorias.

Varias representantes y representantes legislativos intervinieron para exigir medidas administrativas inmediatas a la UPR —principalmente el cambio de rótulos en baños múltiples y la designación de baños individuales como “inclusivos” cuando proceda— y para solicitar que el presidente de la UPR y la decana de estudiantes del recinto de Río Piedras comparezcan en una vista ejecutiva para dar explicaciones de primera mano.

No se registró votación ni decisión formal durante la vista; la sesión funcionó como foro para recibir ponencias y recabar información que los miembros de la comisión podrán usar al redactar enmiendas o someter el proyecto a procedimientos legislativos. La comisión indicó que solicitará por escrito a la UPR un inventario de baños rotulados como inclusivos y copia de querellas o quejas presentadas relacionadas con incidentes en esos espacios.

Por su parte, la OPM dijo que continuará su investigación administrativa y que remitirá a la comisión los hallazgos cuando estén listos; OPM enfatizó que los datos disponibles indican que la violencia sexual afecta mayoritariamente a mujeres y que la recopilación detallada por lugar de ocurrencia (por ejemplo, baños) necesita fortalecerse para orientar políticas preventivas.

La discusión combinó preocupaciones sobre seguridad y privacidad, advertencias sobre riesgos de perder fondos federales por políticas contradictorias y propuestas técnicas (baños individuales/familiares, corrección de señalización) como soluciones inmediatas. La vista terminó sin que la Comisión adoptara una postura final; la presidenta cerró la sesión a las 12:14 p.m.