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Junta de Libertad Bajo Palabra plantea necesidades de personal y pide $321,000 adicionales además de presupuesto base
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La presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra presentó la ponencia presupuestaria ante la Comisión de Hacienda y solicitó $3,160,000 al fondo general para continuidad operativa y $321,000 adicionales para cubrir plazas clave de carácter administrativo y legal.
Aitza Pérez Mink, presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, compareció ante la Comisión de Hacienda el martes 22 de abril para presentar la posición presupuestaria de la Junta y describir necesidades de reclutamiento y retención de personal.
Pérez Mink explicó que la Junta es una agencia cuasi judicial adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación y que fue creada por la Ley Núm. 118 de 1974. En su ponencia detalló que la Junta supervisaba 532 personas liberadas al 11 de abril de 2025, una población que, según los cálculos presentados en la vista, representa un ahorro estimado anual para el fisco de $25,049,220 comparado con el costo de mantener a esas personas como confinados.
La presidenta expuso que el presupuesto consolidado solicitado al fondo general es de $3,160,000, monto que permite continuidad operativa, nómina y costos corrientes. Además, detalló una petición adicional de $321,000.28 para cubrir plazas específicas: un asesor legal senior, un director de presupuesto y finanzas, y un encargado de propiedad, posiciones que la Junta considera “sumamente necesarias” para el cumplimiento de funciones cuasi judiciales y administrativas.
Pérez Mink dijo que la Junta carece actualmente de una división legal y ha operado sin abogado interno; la creación de la plaza de asesor legal senior fue justificada por la naturaleza jurisdiccional y las responsabilidades de la agencia. También explicó que algunas de las plazas reclamadas responden a compromisos derivados del acuerdo de transacción en el caso Morales Feliciano.
En preguntas, la Junta informó cifras operativas: desde el inicio del presente año fiscal hasta el 11 de abril se habían concedido 98 libertades bajo palabra, con aproximadamente cinco casos más en proceso; la Junta reportó además 780 peticiones no concedidas, 208 fuera de jurisdicción, 1,160 cierres/archivos y 584 renuncias al privilegio. En relación con la reincidencia, la presidenta solicitó cinco días para remitir tasas precisas a la comisión.
La Comisión concedió plazo para la documentación solicitada y dejó la revisión de la petición abierta dentro del proceso presupuestario.
