Comisiones reciben al Ejecutivo por proyecto que separa la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública

La Comisión de Gobierno y la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebraron el jueves 10 de abril una vista pública para recibir la opinión del Ejecutivo sobre el Proyecto de la Cámara 406, que propone separar el Negociado de la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y crear una nueva entidad policial con personalidad administrativa y presupuestaria propia.

El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, afirmó que la separación dará "autonomía operativa, administrativa y presupuestaria" que, según él, aumentará la agilidad y la moral del personal. "No tenemos duda que la aprobación de esta ley será un gran beneficio para todo Puerto Rico", dijo González durante su ponencia ante las comisiones.

La ponencia técnica-fiscal conjunta que presentó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF), representada por Roberto Rivera Cruz, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), representada por la licenciada Carmen Guillén y la funcionaria Zul Macanade, describió la iniciativa como una reorganización institucional que podría generar eficiencias administrativas, pero enfatizó la necesidad de realizar un análisis de impacto presupuestario y de transición antes de avanzar. Roberto Rivera Cruz señaló que, a primera vista, la medida "no conlleva cambios directos en los ingresos" y que su implementación requerirá continuidad en acciones ya delineadas en el plan fiscal y en el programa de gobierno.

El Departamento de Justicia, mediante la licenciada Elba Cruz Rodríguez, no objetó en principio la facultad legislativa para la reorganización, pero señaló múltiples observaciones de técnica legislativa y ausencias normativas que, de no corregirse, podrían limitar derechos o generar problemas operativos. Entre las preocupaciones que Justicia identificó figuran la supresión de un inciso que ordenaba la prestación de consejería a empleados víctimas de violencia doméstica por la junta de evaluación médica de la Policía, cambios en el texto sobre asistencia médica y hospitalización para agentes y sus familiares, la derogación de la Ley 103-2010 (educación continua) sin precisar el nuevo requisito de créditos, y la exclusión de la Policía de la Ley 73-2019 (centralización de compras) sin la enmienda correlativa a esa ley. "La violencia doméstica es un grave problema social", dijo Elba Cruz al explicar por qué recomienda reincorporar el inciso sobre consejería.

En representación del DSP, el secretario Arthur Garfer y el licenciado Omar Arias expusieron que la administración entrante plantea la separación como parte de un plan de modernización y que el proyecto crea un comité de transición (artículo 41) integrado por el secretario del DSP, el superintendente de la Policía, el director ejecutivo de la OGP y el director ejecutivo de AFAF. Tanto DSP como AFAF dijeron estar dispuestos a apoyar la transición, pero coincidieron en que debe acompañarse de análisis detallados sobre transferencias de bienes, plazas, presupuesto y efectos en la operación para evitar desfases.

Los legisladores que participaron en turno de preguntas insistieron en la transparencia del proceso y pidieron información concreta: OGP y AFAF recibieron solicitudes para entregar documentación presupuestaria en un plazo (se fijó en la vista un plazo de cinco días para ciertos documentos). En la sesión se plantearon temas operativos que la comisión y los funcionarios dijeron que el comité de transición deberá abordar, entre ellos la rotulación y equipamiento de vehículos, la transferencia de plazas y puestos, la continuidad de la capacitación (grado asociado y educación continua), y medidas para mejorar la retención y el reclutamiento de personal. El comisionado informó que actualmente hay 510 cadetes en la academia con dos fechas de graduación programadas (final de año y comienzos del próximo), y señaló que algunos cargos académicos y costos asociados han sido cubiertos mediante acuerdos con instituciones educativas.

No se registró votación formal en la vista: la jornada fue de recepción de ponencias, preguntas y solicitudes de información para sustentar el trámite legislativo posterior. Los ponentes y las comisiones dejaron sentada la disposición a avanzar con la medida siempre que se incorporen correcciones técnicas y se certifique el análisis presupuestario.

El cierre de la comparecencia lo encabezaron los presidentes de las comisiones que presidieron la vista; la discusión continuará en etapas posteriores del trámite legislativo, cuando la medida sea considerada en la Cámara para su votación.