Comisión de Educación analiza proyecto para crear campamentos de verano inclusivos para niños con discapacidad

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sostuvo una vista pública el viernes 4 de abril de 2025 sobre el Proyecto de la Cámara 368, que propone añadir un inciso para ordenar al Departamento de Educación, en coordinación con los Departamentos de la Familia y de Recreación y Deportes, ofrecer durante junio y julio campamentos de verano para niños con discapacidad en igualdad de condiciones con la población general.

La medida, que modifica la Ley 51 de 1996 y alude a la Ley 163-2016 y a la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes (Ley 8 de 2004), recibió exposiciones de las tres agencias involucradas y de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR). El Departamento de Educación dijo favorecer el proyecto, pero advirtió que los campamentos no están contemplados como obligación bajo la ley federal IDEA y que su ejecución requerirá identificar fuentes de financiamiento. El Departamento de la Familia también expresó que apoya la aprobación. El Departamento de Recreación y Deportes acogió favorablemente el espíritu de la iniciativa y propuso la creación de un comité interagencial permanente para coordinar la implementación.

“Veinte días”, dijo la licenciada Alaira Figueroa González, secretaria asociada interina de educación especial, al responder sobre la duración recomendada para los campamentos, una alternativa que varios participantes apoyaron como más viable que cubrir los dos meses completos de junio y julio. La idea de realizar un proyecto piloto —por ejemplo, una escuela por región— fue repetida por representantes de las agencias y por la AMPR como mecanismo para ajustar logística, reclutamiento y costos.

Los funcionarios detallaron preocupaciones operativas y presupuestarias. La licenciada Saraí Ruiz Maisonet, en representación del secretario de Educación, señaló que el programa de Verano Educativo del Departamento puede ofrecer estructura y sedes (escuelas) para integrar los servicios y que el año escolar extendido (ESY) atiende actualmente a estudiantes con necesidades educativas especiales. El departamento informó que la matrícula del año escolar extendido 2023–2024 fue de aproximadamente 1,116 estudiantes en 51 escuelas. La secretaria asociada de educación especial, Alaira Figueroa González, indicó que el costo asociado a reclutar personal y servicios especializados en ejercicios previos rondó los $2,000,000, cifra que servirá de referencia para el análisis presupuestario que pidió la comisión.

El profesor Ángel Arroyo, director deportivo adaptado del Departamento de Recreación y Deportes, informó que su agencia opera una red de alrededor de 39 centros de formación de deporte adaptado en la isla y que esos centros podrían servir como sedes o apoyo logístico. Arroyo advirtió que muchos de esos centros se encuentran en proceso de recuperación administrativa y que los instructores suelen prestar servicios por horas, lo que complica cubrir actividades continuas por todo un mes; por eso propuso que los instructores apoyen campamentos instalados en escuelas.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico, representada por su presidente Víctor M. Bonilla Sánchez, afirmó que favorece la medida siempre y cuando se identifiquen partidas económicas específicas para sufragarla y sin comprometer partidas regulares del presupuesto de Educación. El sindicato subrayó la necesidad de criterios uniformes de acreditación, licenciamiento y evaluación y sugirió priorizar la equidad geográfica (incluyendo municipios fuera del área metropolitana y territorios como Vieques y Culebra) en la selección de sedes piloto.

Las preguntas de los representantes abordaron transporte, resguardo y mantenimiento de equipo adaptado, reclutamiento de personal (incluyendo asistentes uno a uno), supervisión y control de facilidades y criterios de inclusión. Sobre almacenamiento y responsabilidad del equipo, Arroyo propuso acuerdos con municipios y el uso de centros de servicios de Educación Especial para custodiar equipos que luego podían usarse también durante el año escolar. Reinaldo Figueroa Acevedo y otros representantes manifestaron inquietudes practicidad del esquema por distrito escolar que contempla la medida.

La comisión instruyó a las agencias a remitir, en un término de cinco días laborales, los documentos e información solicitada para continuar el análisis. Ese plazo vence el viernes 11 de abril de 2025; la presidenta de la comisión advirtió que el incumplimiento sin causa podría considerarse como un incumplimiento a la facultad legislativa.

El debate dejó claro que las principales condiciones para avanzar son: identificar fuentes de financiamiento (estatales o donativos), diseñar un piloto acotado en tiempo (veinte días fue la recomendación mayoritaria), establecer un comité interagencial para coordinar responsabilidades y crear criterios uniformes de acreditación y transporte. Ninguna decisión legislativa final se adoptó en la vista; la comisión continuará el trámite una vez reciba la documentación requerida.

Se incluyeron en las exposiciones referencias a la Ley 51 de 1996 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos), la Ley 163-2016 (licenciamiento y supervisión de campamentos), la Ley 8 de 2004 (Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes), la Ley 238 de 2004 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimento), la ADA (Americans with Disabilities Act) y la IDEA (Individuals with Disabilities Education Act).