Comisión de lo Jurídico analiza proyecto que elimina la libertad a prueba en casos de DUI con muerte o daño grave

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró el miércoles 18 de marzo una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 321, de la autoría del representante Sanabria Colón, que propone enmendar la Ley 259 (Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba) para excluir la posibilidad de sentencia suspendida o libertad a prueba en los casos en que las violaciones a los artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley 22 (Ley de Vehículos y Tránsito) resulten en grave daño corporal o la muerte.

La medida busca además aclarar que la “reclusión” prevista en esos artículos corresponde a privación de libertad en una institución penal, y pretende limitar la discreción judicial en la imposición de beneficios como la sentencia suspendida.

El Departamento de Justicia, representado por la licenciada Carla Negrón Rodríguez, informó que no puede pronunciarse sobre los méritos del proyecto debido a un asunto sub judice: “la ley doscientos cinco no permite que la secretaria de justicia emita alguna opinión o dictamen cuando se trate de consultas en torno a asuntos subyudices”, por lo que el dependiente del caso Pueblo v. Nevares Torres presente ante el Tribunal de Apelaciones impidió comentarios sustantivos sobre la propuesta.

En contraste, la representación del Negociado de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Seguridad Pública expresó respaldo a endurecer sanciones. El capitán Elviceno Santiago (Negociado de la Policía) señaló que “si conduce bajo el efecto de alcohol y le priva la vida a un ser humano va a estar quince años de cárcel en una institución penal”, y entregó cifras operacionales: 5,546 arrestos por conductores bajo efectos de alcohol en 2023; 5,343 en 2024; y 1,366 detenciones en los primeros tres meses de 2025.

La fiscal Yimara Gabriel Maisonet, directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, describió cómo se aplican las disposiciones de la Ley 22 a conductores bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas y pidió datos estadísticos específicos para el estudio de casos relacionados con cannabis medicinal: “la ley en Puerto Rico es clara y nos gusta este tipo de proyectos porque se urge de manera clara y diáfana la intención legislativa… que estemos más seguros”.

El señor Josian García, padre de dos víctimas mortales mencionadas en exposiciones y presente en la vista, respaldó el proyecto y presentó propuestas para modular la aplicación, pidiendo enmiendas orientadas a la gradualidad y a combinar sanciones con programas de rehabilitación. García declaró: “Con esta medida no se está buscando penalizar el alcohol ni los negocios… lo que se busca es penalizar la decisión errada de las personas que conociendo su estado… deciden conducir”.

Durante la vista la comisión acordó requerir información adicional y programar futuras comparecencias: la licenciada Negrón recibió un plazo de cinco días laborables para entregar estadísticas sobre intervenciones por sustancias controladas, incluyendo datos sobre cannabis medicinal; la comisión también solicitó a la Comisión de Seguridad en el Tránsito y al Instituto de Ciencias Forenses que faciliten estadísticas y protocolos (por ejemplo, tiempos de examen toxicológico y clasificaciones por sustancia). El presidente de la comisión anunció además que será citada la Oficina de Administración de Tribunales para presentar datos sobre sentencias y adiestramiento de jueces.

No se produjo votación formal durante la sesión; la discusión quedó abierta para nuevas rondas de vistas públicas y solicitudes de información técnica por parte de la comisión.

Contexto y efectos potenciales: el proyecto responde a un reclamo de familiares de víctimas y a la percepción de variabilidad en las sentencias impuestas por jueces en casos de conducción bajo los efectos de alcohol o drogas con lesiones graves o muertes. El debate enfrenta un límite legal: el Departamento de Justicia advirtió que no puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo debido a litigio pendiente, lo que añade una dimensión de implementación y riesgo jurídico al trámite legislativo.

La comisión culminó los trabajos a las 12:32 p.m. y programó nuevas vistas para incorporar estadísticas y comparecencias pendientes antes de continuar el análisis del Proyecto de la Cámara 321.