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Audiencia en la Comisión de Educación discute prohibir celulares y otros dispositivos en escuelas elementales
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La Comisión de Educación celebró una vista pública el 14 de marzo de 2025 sobre el Proyecto de Cámara 179, que propone prohibir dispositivos electrónicos personales con acceso a Internet en escuelas de nivel elemental; expertos, Departamento de Educación y sindicatos expusieron evidencia científica, excepciones pedagógicas y dudas de implementación.
La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes celebró el viernes 14 de marzo de 2025 una vista pública sobre el Proyecto de Cámara 179, presentado por el representante Jorge Navarro Suárez, que propone prohibir el uso de dispositivos electrónicos personales con acceso a Internet en instituciones de nivel elemental durante el horario escolar, incluidos los recesos.
La medida motivó intervenciones de especialistas, funcionarios y gremios. La pediatra Carmen Báez, certificada por la American Board of Pediatrics y especializada en condiciones neurológicas, testificó por vía telefónica que “la evidencia científica respalda la necesidad de regular la exposición a la tecnología en los niños de la escolar, especialmente en poblaciones vulnerables como niños con trastornos del desarrollo y neurodesarrollo”. Báez citó estudios que, según ella, vinculan uso prolongado de pantallas con cambios en la materia blanca y gris, alteraciones del sueño y mayor sintomatología de déficit de atención.
Eliezer Ramos (representado en la vista) y la licenciada Saraí Ruiz Maisonet, directora de la Oficina de Política Pública en representación del Departamento de Educación, detallaron cómo las políticas y reglamentos actuales del Departamento ya regulan el uso de dispositivos en las escuelas y plantearon observaciones técnicas sobre la redacción del proyecto. Ruiz Maisonet recordó la Ley 85-2018 y la existencia del Reglamento General de Estudiantes, y planteó que la norma vigente permite el uso de equipos con fines académicos bajo supervisión y dispone medidas disciplinarias; además, el Departamento ha dotado equipos a estudiantes y mantiene controles de seguridad para uso educativo.
Representantes del magisterio coincidieron en la preocupación por los efectos negativos del uso inadecuado de dispositivos, pero discreparon sobre la vía. El doctor Raúl González Colón, vicepresidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, y Raúl Báez Sánchez, secretario de educación sindical de la Federación de Maestros, señalaron que la regulación del uso de celulares ya está contemplada en normativas del Departamento y que, en su opinión, la respuesta debe priorizar la orientación y la reforma educativa antes que crear más legislación punitiva. La Federación expresó formalmente que “no favorecemos la aprobación del proyecto de la Cámara 179” en su forma actual.
El autor de la medida, el representante Jorge Navarro Suárez, defendió elevar la prohibición a rango de ley para cubrir tanto escuelas públicas como privadas y dotar a la norma de mayor fuerza frente a posibles cambios administrativos al reglamento. Navarro explicó que la iniciativa surgió tras visitas a escuelas y datos de aumento de ansiedad y depresión entre jóvenes; durante la audiencia rememoró cifras citadas por hospitales y estudios internacionales que motivaron la radicación.
Durante el intercambio los ponentes y legisladores discutieron detalles de aplicación que incluyen: - Excepciones previstas en el proyecto para usos pedagógicos autorizados y emergencias; el Departamento propuso que el acceso educativo se realice mediante la red institucional con controles de seguridad. - Ambigüedad en el texto original sobre qué tipos de aparatos quedarían incluidos (teléfonos, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos), y la recomendación de aclarar el lenguaje para incluir accesorios con capacidad de comunicación. - Mecanismos de implementación: desde la práctica cotidiana de dejar celulares en canastas o compartimientos en la entrada del salón (práctica descrita por varios maestros) hasta la necesidad de campañas orientadas a padres y maestros. - Riesgos de aplicación sin apoyo institucional: gremios y maestros pidieron participación real del personal docente en la redacción de las normas y recursos para garantizar su cumplimiento.
La comisión solicitó a la doctora Carmen Báez que entregue por escrito en cinco días laborales las recomendaciones y estrategias prácticas que presentó en su ponencia, y dio el mismo plazo a la Federación de Maestros para enviar propuestas concretas sobre cómo integrar a padres y docentes en la implementación. No se votó el proyecto; la sesión sirvió como vista pública para recabar testimonios y observaciones.
Por su parte, la representante Lizzy Burgos, la representante Nelly Lebrón y otros miembros de la comisión expresaron su respaldo a una regulación más estricta para proteger la salud y seguridad de los estudiantes y sugirieron ampliar la edad cubierta por la medida hasta grados superiores, según las recomendaciones recibidas durante la vista. La sesión cerró sin acuerdos finales, y la Comisión indicó que incorporará las aportaciones recibidas al informe que preparará sobre el Proyecto de Cámara 179.
La audiencia incluyó referencia a experiencias internacionales (Francia, Australia, China y recomendaciones de sociedades médicas) y a informes de organismos como la UNESCO y UNICEF citados por los ponentes. Los debates combinaron evidencias médicas, preocupaciones sobre ciberseguridad (grooming, difusión de grabaciones) y dificultades prácticas para ejecutar prohibiciones en centros escolares con recursos dispares.
La Comisión continuará la consideración del proyecto a base de los escritos y enmiendas que reciba en el plazo señalado.

