La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró el 10 de noviembre una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 931, iniciativa de la vicepresidenta Yashira LeBrón que propone enmendar la Ley Núm. 100 de 2019 para incluir el maltrato de animales de compañía dentro de la definición de intimidación dirigida a adultos mayores.

En su exposición, la licenciada Nicole Báez Ortiz, directora de la oficina de asesoramiento legal del Departamento de la Familia, describió los servicios que esa agencia presta a la población envejeciente —auxiliar en el hogar, centros de actividad múltiple (CAMPEA), protección social y cuidado sustituto— y dijo que su agencia “favorece la aprobación del Proyecto de la Cámara 931” porque aportaría herramientas adicionales de protección. Báez se comprometió además a buscar y entregar en cinco días la información estadística disponible sobre la relación entre maltrato a mascotas y daño emocional en adultos mayores.

La licenciada Estefany Rivera Rolls, representante de la Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada (OPEA), expresó apoyo condicionado y planteó la necesidad de protocolos y adiestramiento interagencial. Rivera Rolls informó que, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la OPEA recibió 776 querellas de abuso emocional, 168 por influencia indebida y 110 por intimidación, y señaló que no cuentan con una estadística específica solo para daño a mascotas, aunque ese tipo de conductas podría clasificarse en esas tipologías.

Desde el Departamento de Justicia, la licenciada Viviana Catalá explicó el marco normativo de referencia —mencionó la Ley 154 de 2008 y las recientes enmiendas que incorporan el maltrato animal en definiciones vinculadas a violencia doméstica— y presentó lenguaje de redacción sugerido para que la definición de intimidación contemple expresamente el maltrato de mascotas. Catalá señaló que la propuesta, tal como se plantea, no busca crear un delito nuevo sino ampliar el alcance civil de las órdenes de protección y entregar herramientas a fiscales y jueces para investigar y, si procede, procesar casos en el área penal.

Durante el turno de preguntas los legisladores abordaron asuntos prácticos y técnicos: cómo se coordinaría la investigación entre agencias (Departamento de la Familia, Policía, OPEA y Departamento de Justicia); si sería necesario enmendar formularios y procedimientos judiciales; qué evidencias y peritajes se requerirían para acreditar que el maltrato de una mascota constituye intimidación hacia un adulto mayor; y qué protocolo aplicaría cuando un adulto mayor es removido de su hogar y debe decidirse el destino de la mascota.

La representante Elineth González Agüello, rescatista, pidió la intervención del superintendente de la Policía y de refugios u organizaciones de rescate para que ofrezcan criterios sobre manejo de evidencia, remoción de mascotas y custodia temporal. En respuesta, el Departamento de la Familia dijo que recientemente firmó un acuerdo con la Sociedad Pro Bienestar Animal y que estaría dispuesto a ampliar convenios con otras organizaciones si la enmienda se aprueba.

Varios oradores, incluido el representante Roberto López Román, solicitaron aclaraciones sobre la redacción: se preguntó por qué un borrador mencionaba la mascota del “victimario” y se explicó que esa palabra fue eliminada en la redacción final para abarcar todas las situaciones posibles (mascota del agresor o de la víctima). El representante Ángel Fulket y otros diputados recomendaron ajustes técnicos en el título y en el lenguaje para evitar confusiones entre el ámbito civil (órdenes de protección) y el penal.

La vicepresidenta y autora del proyecto, Yashira LeBrón, defendió la medida con base en experiencias de campo: habló de una jornada de vacunación en su distrito con alta asistencia de adultos mayores y dijo que muchas de esas personas mantienen una relación de dependencia y acompañamiento con sus mascotas, lo que refuerza la necesidad de herramientas legales y operativas.

La vista pública concluyó sin votación; la comisión solicitó a las agencias el envío de aclaraciones de redacción y las estadísticas solicitadas para continuar con la redacción de las enmiendas técnicas.