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Ponentes del Departamento de Desarrollo Económico piden no derogar Leyes 20 y 22; exponen impacto en empleo y anuncian auditoría
Summary
En una vista de la Comisión de Hacienda del Senado, el Departamento de Desarrollo Económico presentó estudios que atribuyen entre 33,000 y 36,000 empleos a los incentivos de Ley 20 y Ley 22, defendió que la derogación crearía un "limo jurídico" y anunció una auditoría con 1,086 cartas enviadas por posibles incumplimientos; la comisión pidió datos adicionales en cinco días.
La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico celebró el 12 de julio de 2021 una vista pública sobre proyectos que buscan derogar la Ley 20 de 2012 y la Ley 22 de 2012 y enmendar el código de incentivos. Ponentes del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) defendieron que las normas han contribuido a empleo e inversión, pidieron cautela frente a una derogación y anunciaron medidas de fiscalización.
Carlos Ríos Pierluisi, director de la Oficina de Asesoramiento Legal del DDEC, dijo que la agencia "no puede endosar las medidas de referencia" porque los estudios revisados muestran efectos positivos y porque existen miles de decretos vigentes que constituyen contratos con el gobierno. Según Ríos, derogar las leyes sin una ruta clara para mantener herramientas de fiscalización "crearía un limbo jurídico" que dificultaría revocar decretos y exigir cumplimiento contractual.
El director de la Oficina de Incentivos, Carlos Fontan, presentó cifras tomadas de estudios comisionados por la agencia: entre 2015 y 2019 los trabajos bajo los decretos vinculados a Ley 20 y Ley 22 habrían generado entre aproximadamente 33,000 y 36,000 plazas de trabajo según las distintas estimaciones; el salario promedio reportado para los empleos asociados fue cercano a $36,000 anuales; y las actividades elegibles habrían aportado al fisco decenas de millones en contribuciones sobre ingresos y en IVU. Fontan subrayó además que "la Ley veintidós no confiere ningún tipo de exención en cuanto a propiedad inmueble" y que, por ello, quienes han comprado propiedades siguen sujetas al CRIM.
En la vista el DDEC dijo haber iniciado la primera auditoría integral de decretos para estas leyes: informó que ha evaluado más de 450 expedientes físicos y que ha enviado 1,086 cartas a beneficiarios por posibles deficiencias en la radicación de informes anuales; el ponente explicó que, si tras la notificación no se aporta la evidencia requerida en los plazos legales, procederá el proceso de revocación previsto en el artículo 3 de la Ley 22, y aclaró que la falta de radicación por sí sola no implica una multa automática.
Legisladores pusieron en cuestión la metodología y la granularidad de los informes. Varios senadores solicitaron desagregaciones precisas —incluidos el número de beneficiarios, el detalle por municipios, la distinción entre empleos directos/indirectos/inducidos y salarios por tipo de actividad— y exigieron que el DDEC entregue esa información en cinco días hábiles. Sobre costo fiscal, un estudio citado estima un costo fiscal para Ley 20 de $111.3 millones anuales, mientras que el agregado para 2015–2019 se presentó como $210 millones; legisladores pidieron aclarar el periodo y las partidas incluidas (estado vs. municipios) para comparar correctamente años con periodos de varios años.
En el intercambio se planteó además la tensión política y técnica: algunos senadores señalaron que la política de exenciones contributivas lleva décadas y que la experiencia muestra riesgos de dependencia y fugas de capital cuando inversores se marchan; otros defendieron la capacidad de los incentivos para atraer capital humano y actividad económica nueva. Como alternativas a la derogación, se discutieron enmiendas condicionantes: requisitos mínimos de empleo o inversión para nuevos decretos, tasas diferenciadas según inversión y requisitos geográficos para impulsar municipios rezagados.
El DDEC declaró que está abierto a estudiar y acompañar propuestas de enmienda y que entregará la información solicitada en el plazo comprometido. La comisión dio por concluida la vista y se levantó en receso hasta la 1:30 p.m.
Próximos pasos: los ponentes se comprometieron a remitir a la Comisión los detalles solicitados (desagregaciones por partida salarial, listados básicos de cifras y desdobles de empleo directo/indirecto) en cinco días hábiles; la comisión continuará el análisis legislativo una vez reciba esos insumos.
