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Administración y expertos advierten que la capitación y subcontratación concentran fondos y reducen servicios

Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción — Senado de Puerto Rico · June 28, 2021

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Summary

El administrador de Anska y proveedores describieron cómo la cadena ASES→aseguradoras→APS y la práctica de capitación pueden dejar a proveedores con contratos fee-for-service y reducir la disponibilidad efectiva de atención.

En la vista de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, el administrador de Anska, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, describió la estructura contractual que, según su testimonio, complica la disponibilidad de servicios de salud mental en la isla.

Rodríguez Mateo expuso que ASES contrata aseguradoras que a su vez subcontratan a APS Healthcare para administrar la cubierta de salud mental en modelos capitados. APS recibe la capitation (una prima por vida asegurada) y, en muchos casos, contrata a proveedores en fee-for-service. "En ese modelo... si la mayoría no lo utiliza, esos cincuenta van sobrando y realmente compensan el otro lado", dijo el administrador para ilustrar la lógica económica que, en su opinión, incentiva la limitación de servicios.

Los legisladores y la psicóloga la doctora Marelsa Banucci preguntaron por la aplicación de la carta normativa mencionada en el acta (carta normativa 20-05-527) que sugiere que proveedores de Plan Vital reciban al menos el 70% de las tarifas de referencia de Medicare. Banucci afirmó que APS, alegando contratos capitados, ha sostenido que esa norma no siempre beneficia a los proveedores en la práctica.

Los comparecientes coincidieron en la necesidad de revisar los contratos y las cifras de vidas cubiertas, y el administrador se comprometió a entregar documentación contractual y datos actuariales a la comisión dentro de un plazo acordado para permitir una auditoría y posible fiscalización normativa.

No se adoptaron decisiones inmediatas en la sesión; la comisión programó solicitar y revisar la documentación para, en etapas posteriores, evaluar reformas regulatorias o de supervisión.