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Senado realiza radiografía de la salud mental: acceso limitado, contratos capitados y demanda creciente
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En una vista de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, expertos y el administrador de Anska describieron listas de espera largas, tarifas insuficientes y un modelo capitado que, según proveedores, reduce la disponibilidad de servicios en Puerto Rico.
La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado celebró el 28 de junio de 2021 una vista pública para diagnosticar la prestación de servicios de salud mental en Puerto Rico. Legisladores escucharon a proveedores, al administrador de Anska y a la directora de la Línea Paz sobre barreras de acceso, estructura contractual y medidas de respuesta en crisis.
La psicóloga clínica la doctora Marelsa Banucci dijo que, desde su práctica en Isabela, llamó a “doce, realmente llamé como a dieciocho” psiquiatras antes de conseguir una cita y que los tiempos de espera para atención especializada son extensos. Banucci señaló además que las tarifas que pagan los planes —según su ejemplo, entre $30 y $50 por sesión— no cubren los costos operativos de una práctica privada y propician la salida de profesionales del sector.
El doctor Carlos Rodríguez Mateo, administrador de Anska, explicó la cadena contractual: ASES contrata aseguradoras; tres de las cuatro aseguradoras subcontratan a APS para administrar la cubierta de salud mental; APS, a su vez, contrata a muchos proveedores en fee-for-service. Según Rodríguez Mateo, ese esquema genera incentivos económicos que pueden llevar a reducción de servicios y listas de espera cuando la capitation (pago per cápita) concentra el presupuesto sin asegurar su traslado proporcional al proveedor.
También se discutió la capacidad hospitalaria. Rodríguez Mateo afirmó que el Hospital Psiquiátrico General tiene licencia para doscientas camas y que la agencia propone usar recursos federales y otras instalaciones (por ejemplo, el proyecto Pitirre en Bayamón) para ampliar plazas menos restrictivas; anunció que Anska solicita ante la Junta de Control Fiscal aproximadamente $2,375,000 para contratar hogares residenciales que alivien la sobreocupación.
Los legisladores preguntaron por datos faltantes: cuántos psicólogos certificados y cuántas clínicas existen en la isla, el detalle de los contratos entre ASES y las aseguradoras, y la auditoría de las tarifas. El administrador se comprometió a entregar documentación relevante (contratos, número de vidas cubiertas, cifras actuariales) a la comisión en plazo acordado.
La directora de la Línea Paz, Monserrate Allende, describió el funcionamiento del servicio: atención 24/7, coordinación con equipos móviles y capacidad de ofrecer psicoterapia telefónica (módulos de seis a nueve intervenciones) cuando la vía presencial no está disponible. Los comparecientes y legisladores coincidieron en que la Línea Paz amplió su uso durante los últimos años, pero que las referencias muchas veces encuentran “no hay cupo” en la red de servicios.
La vista concluyó con el acuerdo de la comisión de recabar documentación, realizar inspecciones oculares y mantener el trabajo de diagnóstico. No se adoptaron medidas normativas inmediatas en la sesión; la discusión queda abierta para la fase de recopilación de datos y elaboración de propuestas.
