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Expertos piden estudio riguroso antes de cambiar Leyes 20 y 22 por su impacto económico
Summary
Un panel de exfuncionarios y empresarios dijo ante la Comisión de Hacienda que las Leyes 20 y 22 atrajeron capital y empleo, pidió cautela ante modificaciones y ofreció evidencia que, según ellos, muestra impactos locales (por ejemplo, proyectos en Dorado que generaron empleos). Recomendaciones incluyen análisis dinámico y mejoras en trámites administrativos.
Un grupo bipartito de exsecretarios y antiguos directores de fomento presentó ante la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y la Junta de Control Fiscal una defensa medida de los incentivos contributivos de Puerto Rico y pidió "estudiarlo" con mayor profundidad antes de introducir cambios legislativos.
Los ponentes, que se identificaron como exadministradores y promotores de desarrollo económico, enfatizaron que cualquier reforma a la Ley 20 y la Ley 22 debe sopesar efectos sobre inversión y empleo. "Cuando nosotros [...] eliminamos la nueve treinta y seis ... perdimos cien mil empleos", dijo uno de los ponentes al relatar la experiencia histórica y la importancia de considerar consecuencias no deseadas.
Por qué importa: los exfuncionarios argumentaron que las exenciones han atraído capital que, en ciertos sectores —especialmente bienes raíces y servicios—, tuvo efectos multiplicadores locales. Jaime Morgan Stube, exadministrador de Fomento Económico, afirmó que en sus proyectos en Dorado se registraron transacciones y actividades que generaron "mil ochocientos empleos directos" y dijo que está dispuesto a enviar sus datos al Comité.
Los ponentes advirtieron además sobre el "chilling effect" que generan las modificaciones frecuentes a los marcos de incentivos: "Cada vez que se comienza a tratar de trastocar o de modificar alguna ley de incentivo económico ... tiene un efecto paralizador en los inversionistas", señaló Stube. Se citó también un estudio (Duccio) que, según fue expuesto en sala, estima entre 33,000 y 36,000 empleos vinculados a estas leyes y alrededor de $1.3 billones en actividad económica, cifra y método que los ponentes piden analizar en profundidad.
Diferencias en evidencia: durante la vista varios ponentes pusieron en tensión estimaciones y métodos. Uno sostuvo que muchas empresas que aparecen en listados históricos ya no están en la isla y que algunos cálculos son estáticos; otro ponente recordó que los ingresos aportados por empresas exentas representan una porción importante de la recaudación y citó "casi cuatro mil millones de dólares" pagados por compañías exentas, por lo que cualquier reforma fiscal también debe contemplar la sustitución de esa recaudación.
Alternativas y recomendaciones: los expertos propusieron complementar las discusiones de política contributiva con medidas para reducir costos de operación y fricción administrativa (agilizar permisos, mejorar transporte y energía), así como exigir formularios y requisitos de empleo más estrictos a beneficiarios cuando aplique. Un punto recurrente fue la necesidad de un análisis dinámico y de datos fidedignos del Departamento del Tesoro y de Hacienda antes de cualquier reforma.
Preguntas y cierre: el senador Bernabé planteó dudas sobre la eficacia histórica de las exenciones para sacar a Puerto Rico de su estancamiento socioeconómico y advirtió sobre la dependencia en pocas empresas para ingresos gubernamentales. La Comisión agradeció a los ponentes y anunció un receso a las 2:36 p.m. La discusión quedó abierta para análisis técnico posterior y recepción de documentación adicional prometida por los ponentes.
