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Policía expone protocolos de intervención en casos de maltrato infantil y entrega cifras parciales de 2020
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El Negociado de la Policía presentó el protocolo de investigación y atención a víctimas menores, detalló pasos operativos y reportó 167 querellas por delitos sexuales de menores en 2020; la comparecencia incluyó explicaciones sobre sistemas de recolección (AAS/EAS) y acuerdos de datos con el Instituto de Estadísticas.
El Negociado de la Policía presentó hoy ante la Comisión del Senado el marco normativo y operativo que rige la atención e investigación de maltrato y delitos sexuales contra menores. Pedro Santiago Soto, del Negociado de la Policía, y la teniente Maribel Maldonado Ortiz, coordinadora de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Mujeres, explicaron obligaciones establecidas por la Ley 246 (2011) y detallaron el protocolo interno de actuación.
La ponencia enumeró pasos concretos: retener y proteger al menor que acuda solo a una dependencia policial; contactar al supervisor y asignar un agente interventor; recabar datos básicos; coordinar exámenes médicos y recolección de evidencia médico‑legal; proveer transporte a hospitales cuando corresponda; y citar a la víctima a la División de Delitos Sexuales para continuar las diligencias junto al Ministerio Fiscal. “Desde enero del dos mil veinte hasta diciembre del dos mil veinte... fueron un total de ciento sesenta y siete querellas” por delitos sexuales en menores de 0 a 17 años, indicó la teniente Maldonado Ortiz durante su exposición.
Los funcionarios explicaron que las 13 regiones policíacas remiten mensualmente estadísticas a la División de Delitos Sexuales y que esos datos fluyen a la División de Estadística del Negociado. Señalaron además la implantación del sistema EAS (plataforma para tramitación y registro) como herramienta para uniformar y monitorear querellas y desempeño, aunque reconocieron que la plataforma está en fase de mejora.
En materia de coordinación, la policía destacó la colaboración con el Departamento de la Familia, la Fiscalía y entidades como la División de Crímenes Cibernéticos para el análisis forense en casos de pornografía infantil. También informó que, antes de la pandemia, se ofrecieron talleres a personal docente y no docente (Ley 112/2017) en regiones como Bayamón y San Juan, pero que la implementación completa se vio limitada por el cierre provocado por COVID‑19.
Ante preguntas de la presidenta de la Comisión, los comparecientes aclararon que las estadísticas de violencia doméstica con menores se registran por separado en la división de violencia doméstica y no están incluidas en las cifras que presentó la División de Delitos Sexuales. Asimismo, confirmaron la existencia de acuerdos colaborativos con el Instituto de Estadísticas para acceso y remisión de datos, y se comprometieron a enviar por escrito y por correo electrónico los desgloses y estadísticas solicitadas que estaban pendientes.
La presentación cerró con recomendaciones para retomar y fortalecer comités interagenciales y los programas de capacitación preventiva en escuelas y comunidades, y con la disposición de la policía a entregar informes regionalizados cuando la Comisión los solicite formalmente.
