Abogados de la clase demandante exponen incumplimientos y piden medidas tras informe de la monitora en el caso Rosalía Vélez

En una vista pública de la Comisión Especial de Monitoría Legislativa celebrada el 7 de abril de 2021 en San Juan, los abogados que representan a la clase demandante en el caso Rosalía Vélez vs. Departamento de Educación presentaron el informe de la monitora y advirtieron incumplimientos persistentes en los procesos de identificación, registro y determinación de elegibilidad para el programa de educación especial.

José Villalobos Torres Valentín y Carlos Gómez Menéndez resumieron el origen y la estructura del caso, que se certificó como pleito de clase en 1981 y dio lugar a una sentencia por estipulación que obligó al gobierno a cumplir 87 estipulaciones. “La agencia tiene la obligación de… para febrero del 2021 el departamento debió haber notificado al Departamento de Educación de los Estados Unidos a cuanto ascendía el registro”, dijo José Villalobos, resaltando que la clase cubriría en la actualidad alrededor de 105,000 a 110,000 estudiantes.

Los abogados citaron datos del informe de la monitora —presentado el 5 de marzo de 2021 y entregado digitalmente a la comisión— que muestran calificaciones bajas en rubros clave. La monitora adjudicó nivel 1 (incumplimiento crítico) a la estipulación sobre el sistema de registro (estipulación 24), y nivel 0 en la calidad de la información solicitada para la preparación del PEI en ciertos criterios (estipulación 32). “El incumplimiento del Departamento de Educación se traduce en el retraso, la ausencia de progreso y en algunos casos la eventual imposibilidad de que los estudiantes alcancen el máximo desarrollo de su potencial académico, social y emocional”, dijo Villalobos durante la exposición.

Los abogados explicaron que la sanción diaria impuesta al Departamento llegó a $10,000 diarios en 2014, fue reducida y actualmente asciende a $5,000 diarios; el gobierno consignó recientemente alrededor de $1.2 millones en cumplimiento de esas obligaciones. También señalaron que, por la ley PROMESA, la fase de daños y perjuicios del proceso permanece paralizada desde mayo de 2017, mientras que la fase de prestación de servicios continúa activa y bajo monitoría.

En materia de registro y acceso, la presentación incluyó hallazgos regionales: la tabla citada por la monitora muestra que la región de San Juan tuvo alrededor de 38% de cuestionarios de registro contestados satisfactoriamente en la muestra analizada, frente a un promedio isleño mayor (aproximadamente 67% de cuestionarios contestados en el cómputo total). Los letrados enumeraron fallas operativas que afectan la captación y la digitalización de expedientes: líneas telefónicas insuficientes, cierre o traslado temporal de oficinas por sismos y pandemia, y procesos que requieren impresión y envío físico en vez de una opción plenamente digitalizada y accesible.

Los expertos legales explicaron también la cadena procesal del ‘30/60’ autóctono del caso: el referido y la evaluación inicial deben procesarse en 30 días y la determinación de elegibilidad y la preparación del PEI deben concluir en un máximo de 60 días desde la fecha de registro. Si la agencia obtiene una puntuación de tres o menos en una medida, debe presentar un plan de acción correctiva y someterse a verificación por la oficina de la monitora.

Durante el turno de preguntas, senadores y la presidenta de la comisión interrogaron sobre definiciones operativas —qué constituye un registro válido, quiénes integran los comités de determinación, plazos precisos y distribución regional de resultados— y los abogados se comprometieron a entregar tablas y anexos adicionales solicitados por la comisión en un plazo razonable (acordaron 10 días para varios datos solicitados). Los representantes de la clase anunciaron que solicitarán al comisionado especial que ordene al Departamento de Educación presentar un informe detallado sobre la situación de oficinas regionales, traslados y procedimientos de registro.

No hubo votaciones ni decisiones formales en la vista; el Departamento de Educación tiene un plazo hasta el 23 de abril para presentar reacciones al informe de la monitora, según lo indicado en la exposición. Los abogados manifestaron su disposición a colaborar con la comisión y entregaron evidencia y conclusiones que la comisión dijo analizará en seguimientos posteriores.