Senado escucha peritaje sobre PS 184 para prohibir terapias de conversión a menores

San Juan — La Comisión de Iniciativas Comunitarias de Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico celebró el miércoles vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 184, que propone prohibir las terapias de conversión y ampliar protecciones a la salud física y mental de menores de edad.

El médico y académico José Franceschini, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe, compareció como perito independiente y sostuvo que las llamadas terapias de conversión no tienen respaldo científico y causan daño. “No hay ninguna evidencia científica que la apoye y no hay ninguna organización mundial de la salud respetada que la acepte,” dijo Franceschini durante su ponencia.

El perito recorrió la historia clínica y científica sobre la clasificación de la homosexualidad en manuales diagnósticos, recordó la eliminación del estigma patológico en décadas pasadas y citó cifras que, según presentó, muestran una alta proporción de jóvenes entre las personas sometidas a estas prácticas: “un cincuenta por ciento de todas las terapias de conversión es para niños menores de dieciocho años,” afirmó, y añadió que el noventa por ciento corresponde a menores de veinticuatro años.

Senadores presentes interrogaron al perito sobre definiciones, alcance y sanciones. La senadora Joan M. Rodríguez Bebe leyó la definición literal del proyecto —que usa la palabra “individuo”— y planteó su preocupación de que, tal como está redactado, la norma pudiera restringir a adultos que voluntariamente soliciten orientación distinta. Franceschini respondió que, en su criterio clínico, la prohibición debe aplicarse a menores y que “clínicamente sí podría ayudar” a adultos que libremente buscan cambiar aspectos de su identidad.

La senadora Wanda Soto Tolentino destacó las disposiciones del proyecto que apuntan a responsabilidad profesional: el texto leído a la vista establece que “ninguna entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental podrá practicar o someter a un menor de edad a terapias de conversión,” y que la conducta se consideraría falta profesional sujeta a sanciones disciplinarias por la junta examinadora correspondiente.

Otros legisladores, como el senador Rafael Bernabe, señalaron que la medida busca alinear las leyes de Puerto Rico con el consenso internacional de asociaciones médicas y organismos multilaterales que han rechazado la validez de las terapias de conversión. En el debate de preguntas emergieron dudas técnicas sobre la redacción (vaguedad o amplitud de la definición) y sobre la existencia documentada de proveedores en Puerto Rico; Franceschini dijo no conocer proveedores que se anuncien localmente, pero expresó su convicción de que las prácticas existen y que muchos casos se realizan fuera de publicidad pública por razones obvias.

En cuanto a sanciones, el perito indicó que puede corresponder responsabilidad administrativa y que, dependiendo de las consecuencias (por ejemplo, en casos extremos que desembocaran en suicidio), podrían evaluarse responsabilidades penales caso por caso. El perito también subrayó la importancia de dirigir intervenciones educativas a los padres y custodios cuando el conflicto parte del rechazo familiar.

La sesión no incluyó votaciones; la comisión informó que continuará las audiencias (se había programado un esquema de tres paneles por la mañana y tres por la tarde con receso al mediodía) y que seguirá recibiendo testimonio de personas a favor y en contra del proyecto. No se adoptó decisión final en la vista registrada.