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Senado pide cifras claras sobre cuántos empleados pasarán a Luma y consecuencias para convenios colectivos
Summary
Legisladores exigieron a la Autoridad de Energía Eléctrica datos sobre cuántos empleados aceptarán ofertas de Luma, cuántos permanecerán en la AEE y cómo afectará eso a convenios colectivos y planes de retiro; la AEE ofreció entregar números en cinco días.
Durante la vista pública convocada por la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, senadores centraron preguntas en el impacto laboral del contrato con Luma Energy. La Ley 120 y la Ley 17/2019 contemplan protecciones para empleados regulares de la AEE, pero los legisladores pidieron cifras concretas sobre el número de empleados que se transferirán, cuántos solicitaron entrevistas y cómo quedarán cubiertos los convenios colectivos.
La vicepresidenta de la comisión, María Ali González, preguntó expresamente si la AEE tenía un cálculo del total de empleados que permanecerán en la autoridad tras el inicio del contrato. Efraín Paredes respondió que no disponía de la cifra en la sesión pero que la podría suministrar en el plazo pedido por la comisión (cinco días). Paredes explicó que ORTH/OTRH (Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos) coordina con la AEE un inventario de plazas y que se está facilitando información diaria de empleados que manifiestan su intención de no trabajar con Luma.
Sobre convenios colectivos, los senadores recordaron que gran parte de la plantilla está cubierta por convenios (mencionado: UTIER) y que quienes pasen a ser empleados privados dejarían de estar bajo la tutela de la ley aplicable a empleados públicos. El director ejecutivo afirmó que el convenio colectivo permanecerá con los empleados que sigan en generación, pero los que pasen a Luma quedarían fuera de ese convenio y, por tanto, sujetos a legislación laboral privada.
Los legisladores también reclamaron análisis de impacto fiscal relacionado con el traslado de empleados (costos de reubicación, planes de retiro y pago de prestaciones). La AEE reconoció que no disponía de todos los estudios de costo inmediato y prometió coordinar la entrega de información con OATRH y AFAF.
