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Senado investiga contrato de Luma Energy; legisladores reclaman transparencia sobre costos, fondos y empleo
Summary
En una vista pública del Senado, funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica defendieron el proceso legal que condujo a la contratación de Luma Energy, mientras senadores exigieron facturas, explicaciones sobre 90 millones ya desembolsados y claridades sobre un posible préstamo de 894 millones y el impacto laboral.
El Senado de Puerto Rico celebró el lunes 22 de marzo una vista pública centrada en la investigación de la Resolución del Senado número uno, que indaga el proceso de adjudicación y las consecuencias del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy. Comparecieron Ralph Creel, presidente de la junta de gobierno de la AEE, y Efraín Paredes, director ejecutivo de la AEE, quienes entregaron ponencias y respondieron preguntas de la comisión.
Creel defendió que la selección de Luma se realizó conforme a las disposiciones de la Ley 120 (20 de junio de 2018) y la Ley 29 de 2009, describió las funciones del comité de alianzas y explicó que la Junta de Supervisión Fiscal y otras entidades revisaron el proceso. “En conformidad con el mandato de las leyes antes citadas, la autoridad para las alianzas público privadas llevó a cabo todo el proceso que culminó en la selección y contratación de Luma Energy LLC”, sostuvo Creel durante su exposición.
Los senadores plantearon dudas precisas: la rápida constitución de Luma como corporación tras competir como consorcio; la naturaleza de los desembolsos hechos hasta la fecha y el desglose de las facturas; y si existía un dictamen de FEMA sobre el uso de fondos federales en contratos con operadores privados. Paredes señaló que el receptor de los fondos federales sigue siendo el gobierno de Puerto Rico y que Luma opera “on behalf” de la AEE, pero no aportó un dictamen de FEMA en manos de la AEE.
Un punto central fue el monto ya desembolsado a Luma y las proyecciones financieras: la AEE declaró que se han pagado cerca de 90 millones de dólares en concepto de pagos iniciales y gastos reembolsables; también se mencionó la necesidad de disponer de cerca de 894 millones para la puesta en marcha plena del contrato. Paredes explicó que AFAF y la Junta de Supervisión Fiscal trabajan para identificar las fuentes de esos fondos y afirmó que, según el presupuesto sometido al Negociado de Energía, no se prevé un aumento tarifario en los primeros tres años.
La comisión planteó inquietudes laborales: la Ley 120 y la Ley 17/2019 contienen salvaguardas para empleados regulares de la AEE, pero los senadores preguntaron cuántos empleados permanecerán en la AEE, cuántos pasarán a Luma y cuál será el efecto sobre convenios colectivos. Paredes ofreció entregar en cinco días cifras más detalladas sobre solicitudes de traslado y la planificación para reubicaciones.
Otros temas abordados incluyeron el diseño de métricas de desempeño, la posibilidad de que Luma o sus subsidiarias contraten servicios entre sí mediante share services agreements, y la garantía de cumplimiento de metas de energías renovables, supervisadas por el Negociado de Energía. Varios legisladores advirtieron riesgos de concentración y llamaron a mayor transparencia documental.
La comisión solicitó a los comparecientes el envío de facturas, desgloses y el presupuesto que Luma presentó al Negociado de Energía en un plazo de cinco días. La sesión concluyó a la 1:04 p.m. con la reserva de volver a citar a los funcionarios para información adicional.
