Comisión del Senado interroga al DCR sobre pases extendidos y supervisión de la contratista de servicios médicos

La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico celebró una vista el 24 de septiembre para examinar la aplicación de la Ley 25 (1992) y el manejo administrativo de pases extendidos tras la muerte vinculada a Hermes Ávila Vázquez.

Durante la comparecencia, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Anahí Escobar Pavón, dijo que la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) emitió un informe final y que Uticorp Inc. preparó revisiones que la OISC utilizó como recurso. “El pase extendido en controversia otorgado a Hermes Ávila Vázquez fue en virtud del plan de reorganización del DCR por condición fisiológica limitante y no por la Ley 25”, afirmó Escobar Pavón, al señalar la diferencia de bases legales en este caso.

La secretaria detalló que Uticorp concluyó que en el expediente de Ávila Vázquez no se encontró evidencia de enfermedad terminal ni de adecuada documentación clínica, que hubo incongruencias y omisiones y que el proceso del panel médico fue “deficiente, incompleto y pobremente ejecutado.” En consecuencia, el DCR revocó el pase extendido y remitió los informes al Departamento de Justicia para investigación penal en la medida que corresponda.

Escobar Pavón informó además que se inició un proceso administrativo con intención de destitución contra ocho empleados que participaron en el proceso que culminó en la concesión del pase; una enfermera empleada del DCR ya fue separada tras admitir una relación sentimental con el confinado. También dijo que se está reevaluando médicamente a todos los participantes de pases extendidos y que la concesión de nuevos pases permanece suspendida hasta nuevo aviso.

La OISC recomendó, y el DCR acepta como necesidad, revisar y enmendar tanto la Ley 25 como el artículo 16 del plan de reorganización del DCR para fijar estándares operativos claros; la secretaria indicó que el departamento tiene un borrador de enmiendas y un borrador de plan de acción correctiva, pero que la aprobación formal de reglamentos depende de eventuales cambios legales. “Hicimos instrucciones para conformar un comité evaluador de reglamentos vigentes y hay un borrador de enmiendas al reglamento”, dijo Escobar Pavón.

En cuanto a la contratista de servicios médicos, la secretaria citó recomendaciones de Uticorp y la OISC para reevaluar la continuidad del contrato con Physition Correctional (varias grafías aparecen en la documentación). Escobar Pavón explicó que la salida inmediata de la contratista sin un plan alterno podría provocar una crisis en la provisión de servicios, por lo que el DCR plantea un proceso de solicitud de calificaciones (RFQ) para identificar suplidores potenciales mientras trabaja el plan correctivo.

Sobre el estatus judicial y administrativo, la secretaria reiteró que el Departamento de Justicia tiene pendiente la investigación y que las acciones administrativas en curso respetan el debido proceso; asimismo, reconoció incongruencias en expedientes médicos que justifican formación y revisión de procedimientos internos.

El presidente de la comisión, senador José Vargas Vidot, subrayó la necesidad de corroborar documentación y pruebas: según el intercambio con la secretaria, “sesenta y seis por ciento de los pases que fueron concedidos no cumplieron con los parámetros de evaluación”, frase que el senador usó para enfatizar la gravedad de las incongruencias detectadas.

La vista cerró con el compromiso del DCR de remitir borradores de reglamento y del plan de acción correctiva a la comisión en los plazos solicitados, mientras el cuerpo legislativo prepara informes que recopilarán hallazgos y recomendaciones adicionales.