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Senado investiga fallas en aplicación de la Ley 25 tras liberación que precedió a un homicidio
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En una audiencia conjunta, la secretaria de Corrección admitió fallos en evaluaciones médicas y en la cadena administrativa que permitió la salida de Hermes Ávila Vázquez; la comisión ordenó auditorías, revocaciones y la entrega de documentos en cinco días.
El Senado celebró una audiencia conjunta el 10 de mayo para revisar cómo se aplicó la Ley 25 (1992) en el caso de Hermes Ávila Vázquez, cuya salida bajo un pase extendido por condición de salud precedió al homicidio de Ivette Joan Meléndez Vega.
La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Anahí Escobar Pavón, reconoció ante las comisiones que hubo “un fallo significativo en nuestro sistema, especialmente en la evaluación médica” y detalló una serie de acciones preliminares: revocar el pase de Ávila, remitir documentación al Departamento de Justicia, encargar una auditoría de expedientes a UTICORP y suspender la concesión de nuevos pases hasta nuevo aviso.
La funcionaria describió el procedimiento que rige los pases por condición de salud: la solicitud puede iniciarla el interno o un médico; una primera evaluación la realiza un internista; un panel médico (según reglamentos recientes conformado por hasta cuatro médicos generalistas) emite recomendación; y el programa de comunidad y los técnicos socio-penales realizan indagaciones sobre el hogar propuesto y la peligrosidad. Aun así, Escobar Pavón dijo que detectaron discrepancias y lagunas en la documentación médica y en la frecuencia de las visitas de supervisión.
“Este error tuvo consecuencias devastadoras”, dijo la secretaria, y explicó que, como medidas operativas inmediatas, se instalaron brazaletes electrónicos a participantes del programa (quince con brazalete antes y catorce adicionales instalados, según informó) y que todos los beneficiarios vigentes están sujetos a restricciones de movilidad mientras se revisa cada expediente.
Senadores de ambos paneles interrogaron con dureza la delegación de autoridad para autorizar salidas: la secretaria identificó a Celia Cosme, directora del programa de desvío, como la responsable de firmar la carta que autorizó la excarcelación en el caso de Ávila y reconoció que esa delegación se mantuvo de una administración previa. Varios miembros exigieron copia de la carta de delegación y de la documentación completa del expediente en un plazo de cinco días.
La sesión también abordó la confusión normativa: algunos congresistas sostuvieron que la Ley 25 se limita a pacientes en etapa terminal y que la ampliación de criterios mediante reglamentos (por ejemplo, la inclusión de “condiciones fisiológicas limitantes”) abre una brecha legal que debe aclararse por vía legislativa o reglamentaria.
La comisión acordó citar a personas vinculadas al manejo del programa de desvío y a representantes de la empresa contratada para gestionar servicios médicos correccionales, Physition Correctional, para que expliquen el proceso de evaluación y la composición del panel médico que recomendó la salida del confinado. También se pidió a la secretaria entregar listados y documentos que identifiquen a todo el personal y contratistas que intervinieron en el caso.
Próximos pasos: la comisión espera recibir la documentación solicitada en cinco días, continuará la auditoría externa y el Departamento de Justicia lleva adelante su investigación. La comisión señaló que revisará si procede la cancelación del contrato con Physition Correctional si se comprueba incumplimiento contractual.
