Legisladores advierten sobre vacantes y carga de casos: ¿hay 6,000 menores sin servicio pleno?

Miembros de la Comisión preguntaron con detalle sobre la capacidad operativa del Departamento de la Familia para atender casos de maltrato y preservación familiar. La administración informó que, en el mes de abril, había 41 menores con estatus ‘evadido’ en la carpeta regional; además, se reportó un volumen de casos en 'zona vacante' estimado en torno a 2,886, lo que según los legisladores podría implicar alrededor de 5,950 menores sin asignación inmediata.

La administradora Glenda Gerena Ríos y la secretaria describieron medidas adoptadas: contratación prevista de 100 trabajadores sociales adicionales para el nuevo año fiscal, digitalización de procesos y nuevos modelos de informes para agilizar trámites; sin embargo admitieron que la ratio actual (aprox. 332 trabajadores sociales para adultos mayores y plantillas reducidas en otras áreas) impide que todas las visitas de verificación se cumplan mensualmente en todos los casos.

En el intercambio surgieron propuestas para mejorar la retención: ajustes salariales (discusiones sobre escalas 11-12 y demandas de supervisores por escalas 13-14), acuerdos con universidades para incentivar ingreso a la profesión y programas de mentoría para supervisores. Legisladores resaltaron la necesidad de estadísticas claras (frecuencia real de visitas, número de salidas a la calle por mes, datos sobre renuncias durante el periodo probatorio) antes de aprobar ampliaciones presupuestarias.

La administración se comprometió a remitir certificaciones y datos desagregados en cinco días para confirmar que los casos en zona vacante no incluyen, como prioridad, situaciones de abuso sexual o maltrato físico sin atención.