Comisión del Senado discute permitir que policías trabajen hasta 64–65 años; piden cifras, reglas médicas y análisis fiscal

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico celebró el 8 de marzo de 2024 una vista pública sobre dos piezas que permitirían a miembros del negociado de la policía permanecer en servicio después de la edad de retiro obligatoria: el Proyecto del Senado 1408 y la Resolución Conjunta del Senado 483.

Luis Collazo Rodríguez, director ejecutivo de la Junta de Retiro, presentó la ponencia técnica del PS 1408 y dijo que "cuyo objetivo primordial es reconocer la capacidad que tienen los miembros del sistema de rango de la policía de Puerto Rico de poder continuar trabajando luego de advenir a los cincuenta y ocho años de edad" y enfatizó que la medida, según su redacción, no modifica la edad de retiro obligatorio sino que concede una dispensa adicional para que los agentes voluntariamente puedan solicitar permanecer hasta los 64 años.

La Administración de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto informaron que, según su análisis preliminar, el PS 1408 "no conlleva un impacto económico o fiscal que incida en lo dispuesto en el plan de ajuste de la deuda y el plan fiscal certificado" y que la evaluación de la viabilidad fiscal ligada a la Ley 42 (fideicomiso derivado de recaudos de máquinas de juego) corresponde a trámites que están bajo la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal y las oficinas ejecutivas.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) explicó los criterios y trámites existentes para otorgar dispensas. La licenciada Omar Arias Nieves citó la carta circular DSP 2021-CC-03 y subrayó que "la otorgación de la dispensa no cambia ni exime a los miembros del negociado de la policía de cumplir con los requisitos físicos, mentales y sensoriales mínimos para ser agente del orden público", y recordó que el comisionado puede ordenar evaluaciones médicas o psicológicas previas.

En la discusión intervino el senador Gregorio Matías, quien advirtió sobre equidad entre rangos: "Estos proyectos son por los coroneles, pero no piensan en el guardia de a pie", y pidió que cualquier reglamento sea sometido a la comisión para garantizar criterios uniformes de evaluación y aplicación. Otros legisladores insistieron en que las dispensas deben ser realmente voluntarias y acompañadas de requisitos médicos y disciplinarios claros.

Los técnicos aportaron cifras que la comisión reclamó certificar: Collazo declaró que la base de datos de la Junta registra alrededor de 11,400 policías activos y que 822 de ellos tienen más de 58 años; el DSP aportó un desglose por rangos que suma 373 efectivos activos en un corte específico entre las Leyes 1 y 447; además, se mencionaron 704 dispensas aprobadas entre 2021 y 2024 y unas 470 dispensas activas en el sistema. En 2023, 286 miembros se jubilaron, de los cuales 245 tenían 58 años o más.

Sobre el impacto presupuestario, los funcionarios explicaron que buena parte de la nómina de esos efectivos ya está presupuestada ("alrededor de 28 millones anuales" en una estimación citada) y que escenarios que elevaran la edad a 65 podrían implicar efectos fiscales mayores en horizontes plurianuales (se mencionó una proyección indicativa de hasta 170 millones bajo un escenario ampliado), por lo que solicitaron análisis pormenorizados que incluyan la cadena de ascensos y plazas vacantes.

La comisión fijó plazos breves para recibir documentación adicional: tablas certificadas que distingan cuántos activos y pensionados se beneficiarían, cuántas dispensas están vigentes o agotadas, desglose por ley (Ley 1 vs Ley 447), rangos, y montos promedio de pensión. Los comparecientes se comprometieron a remitir la información solicitada en los próximos cinco y diez días laborables; la comisión también dejó pendiente citar a los gremios policiales para una próxima vista.

Qué sigue: la Comisión de Gobierno esperará la entrega de las certificaciones y tablas solicitadas para evaluar la viabilidad de enmendar la Ley 447, aprobar la resolución de moratoria o proponer un proyecto sustituto que atienda equidad, requisitos médicos y responsabilidad fiscal. No se tomaron votaciones ni decisiones formales sobre los proyectos en esta reunión.