Comisión discute tipificar partes de armas como delito; Policía apoya y CODEPLA advierte vaguedad

La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes celebró el 20 de junio de 2024 una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1373, que busca enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico para incluir como delito la posesión y transporte de partes de armas de fuego.

El licenciado Miguel Candelario Piñeiro, director legal del Departamento de Seguridad Pública (DSP), dijo que la ley actual deja “una laguna jurídica” porque no existe una conducta expresamente tipificada para las partes de armas, lo que impide que el Ministerio Público encause bajo el principio de legalidad. “El departamento apoya lo que es el texto de la medida”, declaró Candelario, y afirmó que la enmienda permitiría al Estado “encausar criminalmente a la persona que se dedica a esto” y fortalecería la lucha contra el trasiego ilegal de armas y sus partes.

Candelario también pidió claridad sobre la licencia requerida para poseer partes y explicó que, según el DSP, la intención no es prohibir a personas con licencia legal; “tiene que tener licencia de armas vigente”, dijo, y sugirió que se aclare que se trata de la licencia de posesión expedida por el Estado, no de permisos comerciales de armerías.

Por su parte, Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (CODEPLA), pidió cautela y advirtió que el proyecto puede invadir definiciones federales: “Buscar añadirle a esa decisión [del ATF]... y querer nosotros, a través de este proyecto, cambiarla, estaríamos siendo más papas que el papa”, dijo Torres, en referencia a la definición de arma del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. CODEPLA sostuvo además que, en la práctica, la norma podría crear obstáculos para compradores legítimos y favorecer a armerías locales si vendedores extranjeros se niegan a vender piezas a personas sin licencia.

El licenciado Jorge Díaz Reverón y el profesor José Pereda Maduro, presentes como ponentes, advirtieron que el lenguaje propuesto es vago y podría generar una presunción de ilegalidad que altere el peso de la prueba en procesos penales. Díaz Reverón citó jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y señaló que, tal como está redactado, el proyecto podría dar lugar a consecuencias penales severas y duplicación de penas en casos relacionados.

Durante la vista el DSP aportó datos de incautaciones: en 2023 registraron 1,145 armas (62 revólveres, 827 pistolas, 20 escopetas y 236 rifles), 90,630 municiones y 3,332 cargadores; en 2024, hasta el 19 de junio, reportaron 677 armas, 43,376 municiones y 1,836 cargadores. El presidente de la comisión preguntó además qué ocurre con las partes incautadas; se explicó que se decomisan y van al depósito, pero que muchas veces no constituyen evidencia suficiente para procesar.

Ninguna decisión formal ni votación tuvo lugar al cierre de la vista pública. El presidente señaló que la audiencia sirve para afinar el lenguaje y recordó los plazos legislativos; CODEPLA se ofreció a colaborar en la redacción antes del cierre de la sesión el 30 de junio. La comisión dejó la medida en estudio y la vista pública concluyó a las 2:04 p.m.