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Funcionarios detallan pasos y costos para la transición del PAN al SNAP en Puerto Rico
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Summary
Autoridades del departamento y ASEF dijeron que la migración al SNAP implica redacción de 29 políticas de elegibilidad, piloto en Carolina, digitalización de expedientes (≈700,000) y un costo administrativo estimado entre $200M y $300M; la implementación completa podría tomar hasta cinco años.
Representantes del Departamento de la Familia y de ASEF expusieron el estado de la transición del PAN al SNAP durante la vista de la comisión de transición, describiendo avances técnicos, impactos presupuestarios y medidas piloto.
Según la comparecencia, el cambio podría aumentar la asistencia nutricional en Puerto Rico en aproximadamente $2,000 millones —un cálculo citado por la ASEF— y ya se han redactado 29 políticas principales de elegibilidad en coordinación con la FNS federal. Se indicó que no son necesarios cambios sustantivos a leyes locales salvo ajustes específicos si se decide reformar la ley orgánica del departamento.
En lo tecnológico, los funcionarios dijeron que es preciso digitalizar cerca de 700,000 expedientes y desarrollar un sistema robusto de elegibilidad. La digitalización cuenta con contrato adjudicado y el proyecto iniciaría el 23 de diciembre; el desarrollo o adaptación del sistema de elegibilidad podría acortarse si se encuentra una solución ya existente, pero se estimó que la implementación completa no debería exceder cinco años desde su evaluación.
Las autoridades estimaron costos administrativos del orden de $200M–$300M para la transición (con pareo federal 50/50 en muchos rubros) y recomendaron fortalecer la unidad de sistemas de información del departamento y acuerdos colaborativos con agencias locales para ampliar la oferta de empleo vinculada al componente obligatorio de "cuna de talento" que acompañará la elegibilidad en SNAP.
También se discutieron exenciones y justas causas para el requisito laboral, grupos de población vulnerables (madres jefas de familia, personas con diversidad funcional y adultos mayores) y el diseño de sanciones administrativas para quienes no cumplan con requisitos de participación laboral, en línea con las normas federales.
Los funcionarios ofrecieron remitir al comité documentos técnicos (borradores de reglamentos, desglose de costos y cronograma) para que la administración entrante cuente con información detallada.
