La comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Sequeira Díaz, dijo el 6 de diciembre en las vistas de transición que la agencia logró reforzar la fiscalización del sector financiero y que aún requiere inversión en tecnología y capital humano para avanzar hacia una supervisión proactiva.

Sequeira informó que la OCIF tiene autorizados 164 puestos, de los cuales actualmente 82 están ocupados, y detalló resultados financieros recientes: “en los últimos cuatro años fiscales la UCIF ha recaudado ciento ochenta y cinco millones de dólares, de los cuales ciento treinta y seis millones han sido transferidos al fondo general”, mientras que el gasto consolidado del mismo período ascendió a 32.1 millones y el presupuesto consolidado para 2024–25 es de aproximadamente 15 millones.

La comisionada atribuyó las mejoras regulatorias a cambios en procesos, duplicación de examinadores y mayor acción sancionadora contra instituciones que operaban sin licencias o sin la debida supervisión. Señaló que, tras reforzar exámenes y sanciones, Puerto Rico dejó de figurar en la lista de riesgo nacional del Tesoro Federal en la actualización de 2024.

Sin embargo, Sequeira enfatizó que las limitaciones tecnológicas y la falta de personal siguen siendo cuellos de botella. Explicó que la OCIF trabaja con sistemas heredados —algunos basados en tecnologías de la década de 1990— y que la oficina ha finalizado un request for proposals (RFP) para una nueva herramienta de análisis financiero cuyo presupuesto estimado y partida preliminar asciende a cerca de $1,000,000, con intención de publicar el RFP en los primeros 90 días de 2025 y una implementación estimada en seis meses a un año.

La comisionada detalló además prioridades operativas: modernizar la recolección y análisis de datos (incluidos reportes periódicos de casinos y fondos privados), digitalizar procesos de licenciamiento con un portal tipo "single business portal" y restablecer el Instituto de Educación Financiera, que actualmente carece de dirección y personal suficiente. Sobre este punto dijo que el instituto tiene tres puestos autorizados y que contratar plataformas privadas para educación financiera puede costar alrededor de $300,000 anuales, una barrera si no hay personal que la administre.

En el turno de preguntas, miembros del comité consultaron sobre la recaudación de la OCIF, el flujo hacia el fondo general, las escalas salariales y la supervisión de la banca internacional (EBIs/EPIs). Sequeira afirmó que las EBIs históricamente pagaban 0% de contribuciones, que las EPIs pagan 4% desde 2012 y que la exigencia mínima de plantilla para estas entidades subió de 4 a 8 empleados con las enmiendas recientes; la oficina se comprometió a entregar series históricas de cantidades e impactos por escrito.

La presentación cerró con la solicitud explícita de continuidad en la política de fortalecimiento institucional: inversión en la herramienta analítica y en reclutamiento para mantener un enfoque preventivo en la supervisión. La OCIF ofreció información adicional por escrito y reiteró su voluntad de colaborar con la administración entrante para completar la transición.