Comisión de la Cámara cita a administradores y pide informes tras nuevo hallazgo en la Égida Leopoldo Figueroa

La presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes, Lizzy Burgos Muñiz, abrió el 30 de septiembre una vista pública urgente para exigir explicaciones sobre las condiciones del complejo Leopoldo Figueroa, en Río Piedras, luego del reporte de un tercer cadáver hallado en el edificio.

"La administración de vivienda pública asegura que Leopoldo Figueroa es un residencial público con designación de égida", dijo Burgos Muñiz al explicar el propósito de la convocatoria y anunciando que el presidente de AM Contractor y otros responsables fueron citados para comparecer el 3 de octubre a las 10:00 a. m. "Quedan citados… bajo apercibimiento de desacato", declaró la presidenta ante la inasistencia de representantes de la administradora.

La procuradora de las personas de edad avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado, presentó el informe preliminar de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPEA). "El pasado treinta y uno de julio del veinte veinticuatro, a través de los medios de comunicación, se tomó conocimiento de la situación en el proyecto de vivienda Leopoldo Figueroa", dijo Sánchez Salgado, y añadió que "el primero de agosto del veinte veinticuatro… emitimos un comunicado de prensa" y que ese mismo día "ocho funcionarios de dicha oficina visitaron el complejo residencial para investigar las condiciones"; hubo una segunda visita el 7 de agosto.

La OPEA informó que en la primera visita la Oficina de Protección y Defensa identificó "tres situaciones que requirieron la radicación en el tribunal municipal de San Juan de peticiones de orden de protección". La procuradora explicó además que, por la estructura de la investigación administrativa, no puede ofrecer todos los detalles en esta fase, pero que se han hecho referidos a agencias como el Negociado de Emergencias, el Departamento de la Vivienda del Municipio de San Juan, el Departamento para el Desarrollo Comunitario y la Defensoría de las Personas con Impedimento.

Legisladores y asistentes relataron denuncias de residentes: pagos de renta en efectivo, limpieza solo antes de visitas oficiales, falta de confidencialidad en manejo de casos y ausencia de intervención social regular. La OPEA indicó que el edificio tiene aproximadamente 240 apartamentos y que 212 están ocupados por personas a quienes, en la práctica de la figura "égida", consideran mayores de 62 años; la oficina señaló la confusión que existe entre categorías legales (ley 173, sección 8, fondos federales) y la necesidad de documentación clara sobre la transición de estatus del proyecto.

La comisión acordó pedir en plazo de tres días a la OPEA y al Departamento de la Vivienda la documentación y la hoja de cotejo de servicios que se supone deben brindarse en un proyecto con designación de égida; además, la presidencia reiteró la citación al secretario de la Vivienda y a la administradora privada para el 3 de octubre bajo apercibimiento de desacato.

En la sesión surgió también el caso individual de una residente, Carmen Nater Maisonet, de 82 años, cuya vista de desahucio fue tratada en paralelo: la OPEA recordó que la Ley de Enjuiciamiento Civil exige notificar al Departamento de la Familia y a las procuradurías cuando hay procesos de desahucio que involucran personas vulnerables, aunque en la práctica la oficina dijo que con frecuencia recibe notificación al momento de la sentencia y no con antelación.

Representantes plantearon medidas adicionales: cartas a agencias, inspecciones presenciales por parte de Obras Públicas y del municipio de San Juan, revisión del contrato de administración del residencial y propuestas para incluir en estos contratos obligaciones explícitas de trabajo social y apoyo psicológico diario. La procuradora señaló que la OPEA puede presentar una querella en el foro administrativo y que ya se han coordinado acciones como radicaciones de órdenes de protección y referidos a agencias responsables.

La OPEA informó además sobre acciones de apoyo inmediatas: coordinación de charlas educativas para residentes, vales de 100 dólares comprometidos para algunos casos y el ofrecimiento de talleres de orientación sobre la Ley 121 (Carta de derechos) y otros recursos disponibles.

La comisión cerró la vista a las 12:03 p. m., con la obligación de recibir en tres días la documentación solicitada y la citación formal para el 3 de octubre a las partes ausentes. No se adoptó en la sesión ningún voto formal sobre sanciones administrativas; la investigación administrativa y las posibles acciones legales o contractuales quedaron pendientes de la documentación y comparecencias solicitadas.