La Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de Representantes celebró el 1 de noviembre una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 3, que propone la extensión del Tren Urbano desde San Juan hasta Caguas. La presidenta de la comisión abrió la sesión y explicó que la medida busca “incrementar y facilitar el desarrollo económico, reducir la congestión vehicular y promover la sostenibilidad”.

Malave Torres, consultora y asesora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), declaró su apoyo a la iniciativa y dijo que la OGP busca “lograr que todo puertorriqueño tenga acceso de transportación público colectivo que ofrece el Estado”. En su exposición, la consultora argumentó que la extensión podría crear empleos directos e indirectos, mejorar la movilidad entre municipios y contribuir al desarrollo socioeconómico.

Durante el intercambio, la OGP planteó que la medida no especifica fuentes de financiamiento ni un análisis financiero detallado y propuso alianzas público-privadas como una vía para viabilizar el proyecto. La presidenta y varios representantes solicitaron estrategias concretas de cómo se financiaría la obra; la consultora indicó que la propuesta aún no detalla cifras y se comprometió a entregar documentación de respaldo solicitada por la comisión.

Caroline Soto Vélez, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), presentó la posición técnica de la agencia y subrayó preocupaciones operativas y fiscales. La secretaria informó datos de la agencia: Puerto Rico registra aproximadamente 2.8 millones de vehículos y 2.1 millones de conductores, y recordó que “el Tren Urbano se pensó para movilizar ciento veinticinco mil personas todos los días, pero solo viajan seis mil” —una discrepancia que, dijo, evidencia fallas de planificación y conectividad con otros modos de transporte.

Soto Vélez afirmó que el proyecto, tal como está redactado, “no es claro ni menciona en ninguna parte la parte financiera y de presupuesto para el mismo” y pidió un análisis de costo-beneficio que justifique la viabilidad financiera a largo plazo. También señaló la ausencia de un estudio detallado de impacto ambiental y advirtió que la eliminación propuesta de los carriles reversibles (Dynamic Toll Lanes) afectaría ingresos que se destinan, según la secretaria, al mantenimiento de autopistas y carreteras.

Varios legisladores, incluyendo a los representantes Quiñones Castillo, Cedeño Encarnación y Roland Pierre, cuestionaron la relación entre la medida y contratos existentes (por ejemplo, con la empresa Metropistas), quién se beneficia de las tarifas de los carriles reversibles y si una extensión a Caguas generaría mayores ingresos que el sistema actual de peajes. Los representantes también insistieron en cifras comparativas de tarifas y en estudios que evalúen impacto económico y ambiental.

La secretaria reconoció la necesidad de más datos y la limitación fiscal del gobierno: dijo que la ejecución también dependería de la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Ante la ausencia de análisis económicos y ambientales en el texto del proyecto, la comisión solicitó a la OGP y al DTOP que entregaran documentos y estudios adicionales en un plazo de tres días para alimentar el debate legislativo.

No se produjo ninguna votación ni aprobación de medidas durante la vista pública; la sesión finalizó a las 10:16 a.m. con la petición expresa de información complementaria por parte de la comisión como siguiente paso.