Comisión escucha a la industria y a consumidores sobre proyecto que exige reembolso total por cancelaciones de espectáculos

La Comisión de Asuntos al Consumidor celebró el 9 de febrero de 2026 una vista pública sobre el proyecto de la Cámara 4-29, que dispone la devolución al consumidor de todos los cargos cobrados por un boleto (incluido el impuesto sobre ventas y uso, IVU) cuando un espectáculo sea suspendido o cancelado. La autora del proyecto, la representante Luz de Ramos, afirmó que "le están robando a esos consumidores" que pierden decenas de dólares cuando un evento se cancela y pidió que la ley proteja al público frente a prácticas opacas.

El Colegio de Productores de Espectáculos Públicos y productores independientes respaldaron la medida. Rolando Santa Báez, vicepresidente del Colegio, dijo: "Cuando un evento se cancela, el consumidor no recibió el servicio por el cual pagó, por lo tanto, no debe asumir pérdidas económicas". Abogaron además por eliminar cargos que describieron como "chatarra" (venue fee, promoter fee, web fee, order fee) y por abrir la competencia en los venues para evitar contratos de exclusividad con una sola boletería.

Representantes de las expendedoras de boletos plantearon reservas. Nicole Rosa, de Paytix (expendedora), afirmó que "el servicio por el cual se cobra el cargo por servicio ya fue prestado en su totalidad" y explicó que su ingreso principal proviene de ese cargo, que remunera plataforma, procesamiento de pagos y personal operativo; advirtió que obligar a la devolución automática podría comprometer la viabilidad de empresas pequeñas y empleos. José Antonio Mellado Jr. (Mellado Productions / Bayatics) coincidió en la necesidad de proteger al consumidor, pero propuso que el marco legal reconozca el rol técnico y financiero de las expendedoras y permita una retención razonable para cubrir costos no reversibles.

El Departamento de Hacienda explicó el tratamiento tributario: la ley y reglamentos exigen desglosar en el boleto los cargos que no forman parte del derecho de admisión y esos cargos son sujetos al IVU; Hacienda detalló procedimientos para la devolución del impuesto (créditos y enmiendas de planillas) y afirmó que el desglose por partidas no aumenta la tasa global del IVU, pero sí requiere procesos administrativos para reconocer los créditos.

DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor) se mostró a favor de la transparencia y de proteger al consumidor, pero anunció que encargó un estudio económico sobre el modelo de negocios de la industria y puso en suspenso una orden administrativa previa para evaluar el impacto antes de aplicar medidas de cumplimiento. DACO indicó que espera completar el análisis antes del 30 de junio y luego emitir determinaciones regulatorias.

La vista concluyó sin votación; los legisladores pidieron a Hacienda evidencias sobre posibles retenciones indebidas del IVU y otorgaron un plazo breve para presentar documentos de casos concretos. El debate dejó claro que la iniciativa busca trasladar resultados concretos al consumidor, pero que los cambios reclamados podrían requerir ajustes operativos y fiscales para no afectar la oferta de espectáculos.