Comisión evalúa Proyecto de la Cámara 1015 para exigir un enlace municipal de atención a mujeres y víctimas de violencia doméstica

La comisión de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró hoy una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1015, que añadiría un artículo al Código Municipal para exigir que cada municipio designe un enlace municipal para asuntos de la mujer y víctimas de violencia doméstica. En el foro participaron representantes del Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la Federación de Alcaldes.

La licenciada Elba Cruz Rodríguez, de la División de Legislación del Departamento de Justicia, dijo que la medida es "positiva y oportuna" y constitucionalmente viable, pero advirtió que el texto propuesto no especifica claramente quién debe realizar la designación. "Si esta es efectivamente la intención legislativa, consideramos conveniente incorporarla directamente en el cuerpo del artículo estableciendo que el alcalde o funcionario autorizado será responsable de efectuar la designación", declaró Cruz, quien recomendó además fijar un plazo específico de implementación, por ejemplo "dentro de los 3 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley", y definir orientaciones generales sobre las funciones del puesto para salvaguardar la confidencialidad de las víctimas.

La procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, destacó que al asumir su cargo constató que poco más de la mitad de los municipios tenían formalizada una oficina o enlace y defendió la medida como un mecanismo para garantizar acceso local y uniformidad en la atención. "Para mí es bien importante que cada municipio no solo tenga este enlace sino que comprenda y sepa manejar los casos", afirmó Piñeiro Vázquez, y describió planes de adiestramiento, campañas de prevención (incluyendo actividades en escuelas) y coordinación con el sistema 9-1-1 y con otras agencias.

Durante el intercambio, la procuradora afirmó que su oficina ha ayudado a municipios con fondos y recursos y que hay datos operativos relevantes: mencionó que, según su evaluación, aproximadamente el 75% de las llamadas que recibe el sistema 9-1-1 guardan relación con situaciones de violencia doméstica, lo que la oficina utiliza para justificar la necesidad de un punto de contacto municipal y de adiestramiento continuo.

Ángel Morales Vázquez, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, respaldó el proyecto en términos generales y subrayó que la medida no altera la estructura organizacional municipal ni obliga a crear nuevos puestos: "no altera la estructura organizacional municipal ni tiene impacto directo en el servicio público, ya que se busca hacer una designación, no hace un nombramiento, ni una nueva clasificación de puesto por mandato legislativo", dijo Morales. Explicó que la federación ha promovido charlas y permitió el intercambio de prácticas (ejemplo: el municipio de Gurabo) para facilitar la implantación sin imponer costos adicionales.

Entre las preocupaciones planteadas estuvieron la necesidad de definir funciones concretas del enlace para evitar duplicidad de servicios, proteger la intimidad de las víctimas y asegurar coordinación efectiva con agencias como la Policía, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia. En la sesión también se discutió la disponibilidad de fondos federales y subvenciones que podrían suplementar recursos municipales y el uso de herramientas tecnológicas (tabletas, digitalización de órdenes de protección por la unidad COPOP) para mejorar la respuesta.

El presidente de la comisión solicitó a los ponentes compartir listados y documentación de municipios con oficinas o enlaces ya formalizados y se acordó recibir la información en los próximos tres días para el registro de la comisión. El presidente además informó que las enmiendas recomendadas por el Departamento de Justicia —en particular, la inclusión expresa del alcalde como responsable de la designación, la definición de funciones y un plazo de implementación— fueron revisadas y se adoptarían en su integridad para fortalecimiento del texto.

La vista pública sufrió una breve interrupción por un apagón en el anexo, que obligó a un receso momentáneo; los trabajos se reanudaron y la sesión concluyó a las 11:25.

Próximos pasos: la comisión esperará la documentación solicitada en el plazo indicado y trabajará las enmiendas técnicas recomendadas por Justicia antes de continuar el trámite legislativo.