Comisión de la Cámara escucha a agencias sobre la propuesta para incautar embarcaciones y cobrar rescates

La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el 17 de febrero de 2026 para examinar el Proyecto de la Cámara 908, que propone enmendar el artículo 7 de la Ley 430 de 2000 (Ley de Navegación y Seguridad Acuática) para establecer sanciones más severas, autorizar la confiscación de embarcaciones y obligar al responsable a sufragar costos de rescate.

Nelson Cruz Santiago, subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y director del cuerpo de vigilantes, dijo que “el departamento apoya el espíritu del proyecto de la cámara 9 0 8, reconociendo la necesidad de medidas más firmes para proteger la responsabilidad de los navegantes y fortalecer la seguridad pública,” pero advirtió que el texto requiere precisiones para ser jurídicamente sostenible. Cruz pidió que la norma detalle “el alcance de esa obligación” y los criterios para imponer los costos de rescate, y que incluya un procedimiento expreso de notificación, custodia y transferencia para garantizar el debido proceso en caso de confiscación.

La exposición del departamento subrayó dos puntos centrales: primero, que la imputación de gastos de búsqueda y rescate debe tener criterios claros y un mecanismo de verificación; segundo, que la coordinación interagencial (Departamento de Seguridad Pública, Negociado de Manejo de Emergencias, Policía de Puerto Rico, guardia costanera y cuerpos municipales) debe plasmarse en el reglamento para asegurar ejecución operativa.

El representante de la Policía de Puerto Rico —identificado en la vista como Teniente Gualberto Pérez, coordinador de FURA— respaldó la necesidad de herramientas disuasorias y propuso modificaciones concretas. “En la medida antes considerada propone autorizar la confiscación inmediata de las embarcaciones” y recomendó incluir la facultad de multar a personas que se nieguen a desalojar áreas bañistas o cuerpos de agua aun cuando no estén en una embarcación. La policía sugirió además reevaluar los montos de las multas; el memorando que presentó propone elevarlas a un rango de 500 a 1,000 dólares para aumentar la severidad y la disuasión.

En materia operativa, la Policía explicó el proceso de intervención: evaluar la seguridad del rescate, aproximarse, advertir y, de ser posible, transportar a la persona al puerto. Sobre la escala del problema, el coordinador de FURA señaló que “normalmente… tenemos entre 3 y 4 alertas diarias” en episodios de mal tiempo y que muchos casos involucran turistas, lo que orienta las recomendaciones de comunicación y rotulación en inglés y español.

Ambas agencias expusieron inversiones y herramientas que consideran complementarias a la norma: integración del cuerpo de vigilantes al centro 9-1-1, compra de drones y robots de rescate, un proyecto federal de comunicaciones de 16,000,000 de dólares previsto para 2027 y equipamiento por varios millones para interoperabilidad. Los comparecientes plantearon que, antes de exigir el reembolso de gastos operativos, el reglamento debería incorporar una tabla o protocolo para certificar y calcular esos costos (por ejemplo, horas de helicóptero), y así dar certeza administrativa y probatoria.

Varios legisladores preguntaron por definiciones clave en el texto, sobre todo el concepto de “temerario” —qué conducta exacta lo integraría— y por la fuente formal de las alertas (Servicio Nacional de Meteorología versus advertencias locales). El Departamento y la Policía recomendaron que se defina ese estándar en la enmienda o en el reglamento para evitar ambigüedades y futuros litigios. También se discutió cómo tratar supuestas buenas acciones: pescadores o terceros que intenten ayudar en una emergencia deberían quedar protegidos por reglas tipo “buen samaritano”.

Los comparecientes solicitaron, además, que las multas o fondos recaudados por la ley se dirijan al departamento responsable y no al fondo general, y advirtieron la necesidad de espacios seguros para almacenar embarcaciones y equipos incautados mientras se tramitan los procesos legales.

La vista concluyó sin votación ni decisión formal sobre el proyecto; los responsables de las agencias entregaron recomendaciones y documentación solicitada por la Comisión, y los legisladores anunciaron que continuarán revisando la redacción y los mecanismos de reglamentación antes de cualquier votación futura.