Trabajo presenta presupuesto de $397.3 millones y anuncia plataforma digital de desempleo para el 1 de julio
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La secretaria del Trabajo presentó ante la Comisión de Hacienda un presupuesto consolidado propuesto de 397,314,000 USD para 2026–2027, explicó ajustes en partidas, detalló proyectos de modernización tecnológica y admitió limitaciones actuales para verificar la búsqueda activa de beneficiarios de desempleo.
La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, expuso ante la Comisión de Hacienda un presupuesto consolidado propuesto de 397,314,000 dólares para el año fiscal 2026–2027 y dijo que el aumento neto proviene principalmente de fondos especiales estatales.
La presentación detalló el desglose por fuentes del presupuesto anterior y del propuesto, y la secretaria defendió las prioridades programáticas del DTRH. “El propuesto asciende a 397314000 dólares,” dijo María del Pilar Vélez Casanova al confirmar la cifra consolidada. La funcionaria explicó que el presupuesto incluye partidas para la continuidad de beneficios por desempleo y otros programas esenciales.
Por qué importa: el desglose del presupuesto define cuánto podrá invertir la agencia en servicios directos a la ciudadanía, modernización de sistemas y el pago de beneficios. Vélez Casanova subrayó planes para sustituir sistemas obsoletos: “Su lanzamiento está programado para el primero de julio de este año,” refiriéndose a la nueva plataforma digital de desempleo que integrará procesos para patronos y reclamantes.
Entre las cifras clave que presentó la secretaria están los componentes financieros utilizados en ejercicios previos: fondos del fondo general, federales, fondos especiales estatales e ingresos propios; y explicó que en el ejercicio anterior parte sustantiva de los fondos especiales se destinó al pago de beneficios asociados a programas de seguro por desempleo y otros seguros laborales.
En la audiencia la secretaria también detalló medidas de eficiencia: una reducción en la partida de servicios profesionales, de 22,721,000 USD a 16,833,000 USD (una disminución de 5,888,000 USD, aproximadamente 25.9%), medida que la agencia atribuye a políticas de responsabilidad fiscal. Respecto a infraestructura, informó que gestionan con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) la adquisición de un terreno por aproximadamente 1,100,000 USD para instalar generadores y sistemas de enfriamiento, con parte del financiamiento potencial vía FEMA.
La audiencia incluyó preguntas específicas de legisladores sobre cuentas por cobrar, recaudación y deuda interagencial. La subsecretaria Wanda Fontanes informó que las deudas pendientes del negociado de conciliación y arbitraje ascienden a 26,463,490 USD, y señaló a la Autoridad de Energía Eléctrica como el principal deudor con 12,960,000 USD.
También hubo debate sobre estadísticas económicas y la necesidad de actualizar la canasta básica (estudio de ingresos y gastos del consumidor): Vélez Casanova indicó que el estudio no se actualiza desde hace 23 años y estimó un costo aproximado de 14,000,000 USD y un plazo de cerca de tres años para completarlo.
Sobre pagos de desempleo y control del fraude, la secretaria y su equipo dieron cifras y procesos: reportaron 25,000,387 USD pagados en desempleo en el período referenciado y alrededor de 10,917 reclamaciones; detallaron que existen unidades internas de control de calidad y la oficina de investigaciones de fraude que detectó casos internos, incluida la destitución y arresto de una empleada, y que continúan investigaciones y referidos a las agencias pertinentes.
La secretaria reconoció limitaciones operativas actuales para verificar la búsqueda activa de empleo por parte de reclamantes y dijo que la integración de la nueva plataforma de desempleo con otras herramientas (perfil de empleo con funcionalidades de inteligencia artificial y la eventual integración con SURI para 2027) está diseñada para mejorar visibilidad y coordinación entre servicios de empleo y desempleo.
La comisión indicó que dará seguimiento y pidió datos adicionales por escrito sobre montos de fraude detectado y el detalle de cuentas por cobrar; la sesión se recesó con la intención de votar posteriormente en la jornada.
El Comité programó consultas y solicitó entregas documentales (plazo de cinco días en varios pedidos) para completar el escrutinio técnico de las cifras y las propuestas.
