Comisión de Agricultura debate proyecto que permitiría a agricultores Bonafide tramitar conexiones sin permiso único

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el jueves 26 de marzo para estudiar el Proyecto de la Cámara 11-60, que propone que la certificación de agricultor Bonafide sustituya el permiso único en predios o estructuras destinados exclusivamente a la actividad agrícola y sirva como autorización suficiente para la conexión a servicios esenciales como agua y electricidad.

La vista reunió a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP/OSPE) y al Departamento de Agricultura para exponer los alcances y riesgos del cambio propuesto. Alma Acevedo Ojeda, abogada senior de la OGP, leyó el memorial del secretario auxiliar Norberto Almodóvar Vélez y advirtió que, si bien la medida puede evitar duplicidades, "conviene que se establezca expresamente que no se requerirá ningún documento o autorización adicional emitida por la oficina de gerencia de permisos para la conexión de dichos servicios básicos" y que deben preservarse las certificaciones técnicas de salud y bomberos.

El agrónomo Jorge Javier Quiles Maldonado, subsecretario de Agricultura, dijo que el departamento "no objeta la política pública" de simplificar trámites para proyectos agrícolas Bonafide, pero subrayó que la certificación Bonafide acredita el carácter agrícola y beneficios contributivos, y "no equivale hoy a una determinación de capacidad de infraestructura, seguridad eléctrica, disponibilidad de servicios, diseño de acometida, presión o disponibilidad de agua". Quiles agregó que esos aspectos requieren insumo técnico de la OGP, de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado.

La discusión técnica se centró en tres asuntos: 1) la definición operativa de "predios o estructuras destinadas exclusivamente a la actividad agrícola" cuando existen usos mixtos (agroprocesamiento, venta al detal, residencias); 2) cómo mantener las inspecciones y certificaciones de salud y bomberos si se elimina el permiso único; y 3) la capacidad administrativa del Departamento de Agricultura para asumir un posible aumento de solicitudes.

Sobre cifras y tiempos, Quiles informó que, "si están todos los documentos, en una semana" podría emitirse una certificación Bonafide, y reportó registros del departamento que en distintos momentos registraron 2,772 y 4,772 agricultores Bonafide; la comisión solicitó aclaración por escrito sobre ese punto. La OGP explicó que el "single business portal" contiene datos estadísticos y señaló que la información más completa se entregará a la comisión.

El presidente de la comisión otorgó plazos para recabar información: la OGP y el Departamento de Agricultura deben presentar, en un plazo de 10 días, estadísticas completas (casos pendientes, aprobados, rechazados, tiempos promedio de trámite y orden administrativa de costos) y propuestas de redacción que aclaren jurisdicciones y procedimientos de fiscalización. Durante la vista el representante José Jiménez anunció que solicitaría ser coautor de la medida.

Representantes también plantearon preocupaciones locales, incluyendo la proliferación de paneles solares en terrenos agrícolas y la necesidad de mecanismos de fiscalización municipal y tribunalarios para obras fuera del uso agrícola. Agricultura afirmó que trabaja en medidas para proteger terrenos agrícolas y en iniciativas de promoción, como la creación de plataformas digitales y el proyecto P. 286 para perfilar y enlazar productores por localidad.

La vista concluyó sin votación legislativa; la comisión cerró la sesión a las 12:05 y programó recibir la información solicitada para evaluar enmiendas al texto del proyecto. La discusión continuará en la comisión a partir de la recepción del insumo técnico y estadístico requerido.