Comisión de lo Jurídico discute proyecto para regular a los emplazadores tras testimonios enfrentados

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes celebró el 29 de abril de 2026 una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 11‑12, que propone regular la profesión de los emplazadores mediante un sistema de licenciamiento, un registro público y la creación de una junta reglamentadora.

El presidente de la comisión, José Pérez Cordero, abrió la sesión y fijó tiempos para los interrogatorios; la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y representantes de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico comparecieron para exponer su postura.

La licenciada Mónica Hernández, en representación de la OAT, dijo que su oficina "consigna tener objeción a la aprobación de esta medida legislativa" y explicó que el emplazamiento y la figura del emplazador están regulados por la Regla 4 y la Regla 4.3 del procedimiento civil. Hernández advirtió que la norma propuesta confiere funciones de supervisión y sanción que, adscritas a la OAT, podrían duplicar responsabilidades, representar un potencial conflicto de interés y exigir recursos humanos y presupuestarios que el proyecto no prevé.

"La propuesta legislativa instituiría una encomienda y consecuente responsabilidad en el poder judicial a través de la [junta proyectada], para lo que requeriría todo un andamiaje, una estructura administrativa y de personal", dijo Hernández, y agregó que el proyecto omite consignar fondos necesarios para su implementación.

Frente a esas preocupaciones, el proponente de la medida —quien se presentó como emplazador, Jimmy Posado Acevedo— defendió la iniciativa como un mecanismo para profesionalizar la actividad y proteger el debido proceso. Posado Acevedo describió prácticas que, según su experiencia, ponen en riesgo notificaciones judiciales (emplazamientos incompletos, entradas indebidas a propiedades, entrega por debajo de la puerta) y pidió la creación de requisitos mínimos, educación continua y una póliza de responsabilidad profesional para los emplazadores.

"La implementación de esta ley tendrá un impacto positivo y significativo en nuestra sociedad, garantizará el respeto a los derechos ciudadanos, aumentará la eficiencia del sistema judicial y generará confianza en la administración de justicia", afirmó el proponente, que citó modelos de regulación en diversos estados de EE. UU. como referencia.

Desde la Corporación de Servicios Legales, el licenciado Rafael Rodríguez Coselló y el subdirector Alejandro Figueroa Quevedo reconocieron la importancia de profesionalizar ciertas prácticas pero alertaron sobre efectos adversos. Rodríguez Coselló enfatizó que la medida, tal como redactada, alteraría la configuración actual establecida por la Regla 4.3 y podría encarecer el servicio de emplazamiento, afectando a personas de escasos recursos.

Figueroa Quevedo planteó dudas jurídicas y operacionales: qué responsabilidad civil correspondería, cómo interactuarían los procesos administrativos y judiciales (posible paralización de expedientes mientras se tramitan querellas administrativas) y la falta de disposiciones de transición para quienes actualmente ejercen la función.

Varios miembros de la comisión, incluida la representante Lizy Burgos, manifestaron reservas similares. Burgos sostuvo que la creación de una nueva junta y requisitos adicionales podría "hacer más difícil el acceso a la justicia" para quienes actúan sin representación legal y que es preciso evitar un "gigantismo" administrativo que aumente costos.

Durante el intercambio, la comisión y los ponentes discutieron alternativas menos invasivas, como un registro voluntario o un "banco" de emplazadores certificados de acceso público. Los representantes de Servicios Legales plantearon dudas operativas sobre cómo garantizar la disponibilidad de esa lista en plazos perentorios y en trámites urgentes.

El presidente solicitó a la OAT que entregue, si existe, estadística sobre desestimaciones o casos vinculados a emplazamientos defectuosos para sustentar el análisis legislativo. La OAT se comprometió a gestionar la información.

La comisión concluyó la vista sin tomar una decisión final sobre el proyecto; el presidente señaló que el tema seguirá en análisis y que la comisión requerirá información adicional a la OAT antes de avanzar.

Próximo paso: la comisión continuará evaluando el contenido del Proyecto de la Cámara 11‑12 y espera recibir los datos solicitados de la Oficina de Administración de los Tribunales.