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Contralora propone digitalizar registro de contratos para cerrar brechas de fiscalización
Summary
En la vista ante la Comisión de Hacienda, la contralora dijo que muchos contratos no entran al registro público y propuso un sistema digital automatizado con inteligencia artificial para garantizar trazabilidad y reducir el riesgo de contratación no registrada.
La contralora Carmen Vega Fornier advirtió ante la Comisión de Hacienda que la Oficina no tiene visibilidad del 100% de los contratos que se firman en el gobierno de Puerto Rico y planteó un plan para digitalizar y automatizar el registro con apoyo de inteligencia artificial.
Vega Fornier afirmó que "si no se registraba el contrato no tenía validez" y citó jurisprudencia del Tribunal Supremo (mencionó Hatum v. Ponce) para explicar las consecuencias legales de la falta de registro, incluido el riesgo de no poder reclamar pagos (SEG 618‑624). Explicó que hoy el proceso de registro es manual y disperso entre agencias, y que su propuesta central es integrar la contratación mediante plataformas digitales que, al completarse el último firmante, remitan automáticamente el contrato al repositorio de la Oficina.
La contralora describió el plan tecnológico como un "one shot deal": una implementación inicial que reduciría procedimientos manuales (por ejemplo, la eliminación de pasos de depuración de datos para publicación pública) y, aseguró, permitiría a la Oficina detectar contratos no registrados de forma casi inmediata (SEG 640‑647; SEG 1400‑1408). Señaló además acuerdos exploratorios con proveedores en la nube, como Microsoft y AWS, y la construcción de un repositorio interno denominado informalmente "Picu GPT" para uso controlado y pruebas antes de ofrecer servicios externos (SEG 2330‑2336; SEG 3463‑3469).
Varios legisladores presionaron por garantías: desglose de costos (licencias y soporte), calendarios de implementación (la Oficina proyectó un portal público operacional en agosto‑septiembre) y salvaguardas de ciberseguridad y privacidad. La contralora respondió que la Oficina incluirá componentes internos y externos de seguridad y que ya trabaja en pruebas con proveedores y en entrenamiento del personal (SEG 731‑746; SEG 2368‑2374).
En el debate también se mencionó un fraude reciente en el Fondo del Seguro del Estado (citado por un legislador como un caso de ~ $100 millones) y la contralora confirmó que hay auditorías en curso y que la falta de registro impidió visibilidad sobre contratos específicos en al menos un caso citado durante la sesión (SEG 1641‑1660). La Comisión pidió información puntual sobre auditorías previas que hayan encontrado incumplimientos en el registro de contratos y ordenó entrega de datos en 5–10 días para evaluar el alcance del problema.
Siguientes pasos: la Oficina se comprometió a remitir un desglose técnico y económico del sistema propuesto, además de datos sobre la frecuencia y las consecuencias de contratos no registrados detectados en auditorías pasadas.
