Cámara escucha a docentes y al Departamento sobre proyecto que limitaría a un año las medidas cautelares

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes celebró el 18 de marzo una vista pública sobre el proyecto del Senado 224 (al amparo de la resolución Cámara 122), que propone fijar un término máximo de un año para que un empleado del Departamento de Educación permanezca bajo una medida cautelar de aislamiento o traslado temporal, salvo justa causa o fuerza mayor. La discusión reunió a docentes afectados, gremios y responsables del departamento.

Varios docentes que comparecieron describieron la experiencia de ser reubicados sin tareas claras y de esperar meses o años antes de que la investigación administrativa llegara a una conclusión. "En la práctica la imposición de una medida cautelar tiene el efecto real de convertirla en una suspensión sumaria de facto", dijo el profesor Carlos Javier Rodríguez, quien relató 31 años de servicio y llamó a legislar límites temporales y a revisar usos arbitrarios del mecanismo. La profesora Taimí Figueroa Villalba describió la experiencia como "un proceso punitivo" que dañó su salud y la estabilidad de su familia.

Los testimonios coincidieron en impactos concretos: pérdida de continuidad educativa para grupos (maestros de educación física y educación especial señalaron grupos sin reemplazo), gastos personales en transporte y asesoría legal, y deterioro emocional. La profesora Sujil Vargas y otras comparecientes denunciaron además traslados que revelaron la condición de la medida a colegas y comunidades escolares, con estigmatización del docente.

El Departamento de Educación, representado en la vista por la licenciada Saraí Ruiz Mazonet (en representación del secretario Elier Ramos Parez) y por la licenciada Frances Inés, dijo apoyar la idea de un término temporal razonable, pero advirtió limitaciones operativas. Ruiz Mazonet informó que, a la fecha de la exposición, el departamento contabilizaba 126 empleados en medidas cautelares y que la Unidad de Investigaciones dispone actualmente de nueve investigadores en toda la isla; esa falta de recursos, dijo, influye en la duración de los procesos y en la capacidad para entrevistar testigos, muchos de ellos menores.

Gremios y organizaciones expresaron posiciones matizadas. La Asociación de Maestros pidió que un límite legal no provoque investigaciones apresuradas ni decisiones tomadas "solo para cumplir con un plazo"; sugirió revisar capacidad investigativa y mecanismos de apoyo. La Asociación de Psicología subrayó los daños a la salud mental y reclamó medidas de acompañamiento para docentes sometidos a procesos prolongados.

En los turnos de preguntas los legisladores cuestionaron a la agencia sobre el alcance y los datos: pidieron desagregados por región, el tiempo medio que llevan los casos, y documentación sobre la delegación de facultades del secretario a superintendentes regionales para imponer medidas. La agencia aceptó entregar estadísticas y listados solicitados por la comisión; también reconoció que la continuidad operacional (contratación de suplentes y asignación de tareas al personal reubicado) varía por región.

Los puntos de fricción fueron claros: para los docentes, la urgencia de garantizar plazos y reparaciones frente a daños personales y pedagógicos; para el Departamento, la necesidad de preservar la posibilidad de medidas preventivas cuando exista riesgo para estudiantes y de mantener flexibilidad frente a obstáculos objetivamente relevantes (recesos, disponibilidad de testigos, procesos paralelos en otras agencias). Sobre esa base, las partes coincidieron en que el texto legal deberá contemplar excepciones justificadas y que la implementación requerirá inversión en capacidad investigativa.

La presidenta de la comisión concluyó la vista sin votación sobre la medida y solicitó documentación al Departamento (registro por región, tiempos de casos, delegaciones formales) para informar la posible redacción final del proyecto y eventuales enmiendas. La discusión continuará en el trabajo legislativo de la comisión.